Un proyecto de ley que busca regular y prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en todos los establecimientos educativos de la provincia ingresó a la Cámara de Diputados y tomará estado parlamentario en la próxima sesión, confirmó AIM. La medida también alcanzará al personal docente, preceptores, directivos y auxiliares.

La iniciativa, impulsada por el bloque Juntos por Entre Ríos, apunta a preservar el desarrollo neurocognitivo de los estudiantes y proteger su salud mental frente a los efectos del uso indiscriminado de la tecnología digital en las aulas.

El proyecto, cuyo autor principal es el diputado Alcides Marcelo Lopez, plantea la prohibición absoluta del uso, portación activa y exhibición de dispositivos móviles personales durante toda la jornada escolar, incluyendo recreos, actos, actividades extracurriculares y comedores. Los equipos deberán permanecer apagados y guardados desde el ingreso hasta el egreso del establecimiento.

En los fundamentos del texto, los legisladores sostienen que "la evidencia internacional acumulada en los últimos años demuestra que el uso indiscriminado de dispositivos digitales en las escuelas produce efectos negativos significativos sobre el aprendizaje, la salud mental, la atención, la convivencia escolar y la igualdad educativa". En ese sentido, advierten que "la educación no puede quedar subordinada a dinámicas tecnológicas diseñadas prioritariamente con fines comerciales, algorítmicos o de consumo".

El bloque legislativo señala que los niños y adolescentes "no poseen todavía plena madurez emocional ni neurológica para gestionar el uso constante de redes sociales, sistemas algorítmicos y estímulos digitales de alta intensidad", y enumera consecuencias probadas de esa exposición temprana: "incrementa ansiedad y dependencia; deteriora la tolerancia al esfuerzo cognitivo; favorece la dispersión atencional; reduce la capacidad de lectura profunda; y afecta particularmente la autoestima y salud mental de adolescentes".

La normativa contempla excepciones para el uso pedagógico explícito, siempre que el dispositivo forme parte de la planificación del docente para una unidad didáctica específica y opere "exclusivamente como herramienta educativa temporal y bajo la supervisión directa del docente a cargo". También quedan eximidos los estudiantes que requieran el equipo por razones de salud certificadas —como el monitoreo continuo de glucosa— o como herramienta de accesibilidad contemplada en su Proyecto Pedagógico Individual.

La prohibición alcanza también al personal docente, preceptores, directivos y auxiliares, quienes tendrán "terminantemente prohibido el uso, exhibición y portación activa de dispositivos móviles personales" en aulas, pasillos, patios y espacios comunes durante el horario de contacto con los alumnos. El uso personal quedará restringido a la sala de profesores u oficinas administrativas.

El proyecto establece que ante el incumplimiento se procederá primero a una indicación verbal y, ante la negativa o reincidencia, a la retención transitoria del dispositivo en la Dirección del establecimiento hasta el fin de la jornada. Las infracciones reiteradas serán consideradas Falta Muy Grave en el marco de los Acuerdos Escolares de Convivencia.

Para respaldar la iniciativa, los legisladores citan los informes de la Unesco y del Informe de Seguimiento de la Educación Mundial, que concluyen que "la tecnología solo debe utilizarse cuando exista evidencia clara de que mejora efectivamente el aprendizaje y cuando su aplicación sea apropiada, equitativa, proporcional y pedagógicamente justificada". La autoridad de aplicación sería el Consejo General de Educación de la provincia, que dispondría de 30 días desde la reglamentación para adecuar los acuerdos de convivencia escolares.