La eventual paralización de la actividad genera gran preocupación en el Frente de Todos, por la imposibilidad de avanzar con una serie de proyectos que ya estaban acordados y pretendía aprobar antes de fin de año.

Al parecer, la preocupación de Sergio Massa pasa por los proyectos que quedaron pendientes y que estaban encarrilados para salir en las próximas sesiones, antes de fin de año.

Particularmente el que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. El proyecto fue vuelto a debatir esta última semana en el seno de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera. En un clima de consenso, la oposición pidió una serie de correcciones que el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar. Se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional y una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el año próximo. Se lo recordó Negri a Massa en ese diálogo telefónico ya citado.

El proyecto que estaba a punto de obtener dictamen y llegar al recinto, es uno de los que ha quedado en veremos.

Ni hablar de la ley de Agrobioindustria. El proyecto está en las comisiones de Industria, Presupuesto y de Agricultura. Los mayores reparos estaban en esa última comisión, que conduce la oposición. Sin embargo, habían logrado limarse todos los reparos y según voces de la oposición, “está todo acordado en un 90%”. Todos saben que no tuvo dictamen por el “ruido” aparejado por la discusión de la Ley de Humedales, donde Agricultura y Ganadería endureció su postura y por eso postergó el proyecto que precisamente Sergio Massa presentó como el primero que pidió que el Congreso aprobara.

Sorteado el tema de Humedales, que tuvo un dictamen de mayoría suscripto en base a las propuestas de la oposición, todo se encaminaba para que Agrobioindusria tuviera rápido dictamen y llegara al recinto. Ahora no.

Había propuestas como la ley de envases -desempolvada luego de que su tratamiento se frustrara el año pasado- que ahora avanzaban con viento de cola, pero que encontrarán un freno. Lo mismo con la ley de Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

El beneficio extraordinario para herederos de víctimas de la represión de 2001, que se aprestaba a ser ley para antes de que se cumpliera un nuevo aniversario de los episodios ocurridos hace 21 años, deberá seguir esperando. Lo mismo que la ley de obstetricia, que lleva seis intentos fallidos en 14 años y que ahora parecía avanzar a paso firme en Diputados, donde ya tiene dictamen y acuerdo con el Senado para que esta vez sí le den tratamiento.

Ni hablar de las ocho universidades nacionales que el oficialismo quería tener al menos con media sanción para antes de fin de año, y durante cuyo tratamiento estalló la trifulca del jueves.

Hay más: la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de down para su hijo en gestión o recién nacido. Ambas iniciativas figuraban en el temario de la sesión especial del jueves 1° de diciembre que no pudo avanzar por razones de dominio público.

Y el plan de pago de deuda previsional, que ya tiene media sanción del Senado y busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuenten con aportes suficientes. El efecto del decreto con el que el presidente prorrogó la vigencia de la moratoria previsional vence a fin de año y si no hay una ley -como ahora parece que sucederá- deberá volver a firmar Alberto Fernández un nuevo decreto.

Habrá que sumar otro proyecto que pide Massa: el de blanqueo de capitales que anunció este domingo que mandará al Parlamento, en el marco del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos que firmará precisamente este lunes.

Si no hay sesiones en lo que resta del año en Diputados, ¿se animará el Ejecutivo a convocar a extraordinarias, con el recuerdo del año pasado en que llamó a tratar 18 proyectos y no se reunió por ninguno de ellos?