El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que endurece las sanciones para delitos graves, amplía figuras criminales e incorpora la imprescriptibilidad para numerosos casos vinculados a violencia, corrupción y crimen organizado.

La iniciativa representa la mayor actualización desde 1921 y eleva los mínimos de las penas para que la mayoría de los delitos tengan cumplimiento efectivo en prisión. Según el Gobierno, se busca dejar atrás la “puerta giratoria” y asegurar que las condenas sean cumplidas.

Entre los cambios más relevantes se establece que los delitos de homicidio agravado y abuso sexual dejarán de prescribir. La imprescriptibilidad también se extiende a hechos de extrema gravedad como trata de personas, financiamiento del terrorismo, corrupción de menores, narcotráfico y comercialización de material de abuso infantil. En los casos más graves, la prisión perpetua será de por vida.

La reforma endurece además el castigo a los delitos de corrupción, con escalas más severas para funcionarios que perjudiquen al patrimonio público. El Ejecutivo sostiene que quienes tienen responsabilidad de administrar dinero estatal deben enfrentar sanciones más gravosas cuando incurren en delitos.

El texto incorpora figuras penales vinculadas a nuevas formas delictivas: ciberviolencia, fraudes digitales, usurpación de identidad en línea, ataques a infraestructuras críticas y difusión no consentida de imágenes íntimas. También se actualizan tipos penales relativos a violencia de género en todas sus modalidades.

En materia de seguridad vial se elevan las penas para conductores que provoquen tragedias por imprudencia, exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas, así como para la realización de carreras ilegales.

El proyecto introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques graves al ambiente y actualiza la protección del patrimonio cultural frente al tráfico y daño de bienes de valor histórico o arqueológico.

Asimismo, se refuerzan los agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o grupos en situación de especial vulnerabilidad.

La propuesta incluye un capítulo específico destinado a la protección de la integridad de los procesos electorales, con sanciones para conductas que distorsionen el voto, tanto en el ámbito físico como digital.

El debate parlamentario determinará hasta dónde llega este cambio de orientación en política criminal, en un contexto marcado por la demanda social de mayor seguridad y de un sistema penal más estricto frente al delito.