La Cámara alta dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno para cerrar litigios pendientes con dos grupos de acreedores que quedaron fuera de los acuerdos alcanzados en 2016. La iniciativa deberá ser tratada ahora por Diputados antes del 30 de junio, supo AIM.
El Senado aprobó este jueves el acuerdo de conciliación impulsado por el Poder Ejecutivo para cancelar reclamos judiciales de dos grupos de acreedores que no ingresaron a los acuerdos firmados por Argentina con la mayoría de los fondos buitre. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos.
Según constató AIM, el proyecto autoriza el pago de 171 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, bonistas que iniciaron demandas tras el default de 2001 y que quedaron fuera de las negociaciones cerradas durante la gestión de Mauricio Macri.
De acuerdo con los fundamentos del Gobierno, el acuerdo permitirá poner fin a litigios pendientes y evitar nuevas acciones judiciales contra activos argentinos. Además, se argumentó que la negociación logró una reducción superior al 30 por ciento respecto de los montos reclamados y evitará mayores costos derivados de intereses y procesos judiciales bajo legislación estadounidense.
Del total acordado, 67 millones de dólares corresponden a Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo liderado por Attestor. El entendimiento contempla la cancelación simultánea de los títulos involucrados en los litigios y establece que los honorarios legales quedarán a cargo exclusivo de los acreedores.
Cruce de posiciones en el Senado
Durante el debate, el senador Agustín Monteverde sostuvo que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que mantienen litigios con el país y afirmó que el acuerdo permitirá cerrar dos de las principales causas judiciales pendientes.
El legislador oficialista remarcó que los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas demandas ni interferir en futuras operaciones de financiamiento de la República Argentina. Además, aseguró que la negociación permitió obtener una quita superior al 35 por ciento sobre los montos originalmente reclamados.
Desde Unión por la Patria cuestionaron la iniciativa. El senador Jorge Capitanich advirtió que este tipo de acuerdos beneficia a los fondos especulativos y planteó que es necesario evaluar la disponibilidad de recursos para afrontar los pagos comprometidos.
Por su parte, José Mayans vinculó el acuerdo con la política de endeudamiento del país y sostuvo que forma parte de un esquema económico que profundiza la dependencia financiera.
En defensa del proyecto, Patricia Bullrich afirmó que la medida busca cerrar un conflicto que se arrastra desde hace 25 años, tras el default declarado en 2001. La legisladora sostuvo que los litigios continuaron durante distintas administraciones y recordó que durante años existieron reclamos judiciales sobre activos argentinos en el exterior.
Fuentes consultadas por AIM indicaron que el oficialismo buscará acelerar el tratamiento en la Cámara de Diputados debido a que el plazo previsto para concretar el acuerdo vence el próximo 30 de junio. De obtener la aprobación definitiva, el Gobierno considera que quedarán resueltos algunos de los litigios más relevantes que aún permanecían abiertos con acreedores externos.