Por cuarta vez, el Senado no logró avanzar con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional. Ante la falta de acuerdos con los bloques aliados, la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, pidió postergar el tratamiento de la iniciativa hasta el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal, supo AIM.
La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, en la que el oficialismo pretendía finalmente someter a votación uno de los proyectos promovidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, las diferencias en torno a las modificaciones propuestas a la Ley de Tierras volvieron a impedir que la iniciativa llegara a una definición.
Bullrich solicitó un cuarto intermedio para continuar la sesión el jueves 6 de agosto y mantener el proyecto dentro del temario. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
El principal punto de conflicto estuvo vinculado con el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Sectores aliados reclamaron preservar facultades de las provincias para establecer sus propias regulaciones, mientras que el oficialismo no logró cerrar un texto que reuniera los apoyos necesarios.
La resistencia quedó expuesta incluso dentro de los espacios que habitualmente acompañan al Gobierno. Referentes de la Unión Cívica Radical manifestaron reparos respecto de los cambios a la legislación vigente, mientras que otros bloques provinciales también condicionaron su respaldo.
Según pudo saber AIM, las diferencias sobre la Ley de Tierras fueron determinantes para que el oficialismo optara nuevamente por postergar la votación antes que arriesgarse a una derrota en el recinto.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 27 de marzo bajo el expediente 13/26, comenzó a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General durante abril y obtuvo dictamen el 20 de mayo. Desde entonces, el texto atravesó sucesivas negociaciones y modificaciones sin que La Libertad Avanza pudiera consolidar una mayoría estable para convertirlo en ley.
Qué propone el proyecto
La iniciativa denominada de "inviolabilidad de la propiedad privada" contempla cambios en tres áreas centrales: el régimen de expropiaciones, los procedimientos para la restitución de inmuebles y la regulación sobre la propiedad de tierras rurales.
Entre otros puntos, la propuesta oficial busca limitar las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con expropiaciones y modificar los mecanismos de indemnización. El Gobierno había anticipado que pretende establecer compensaciones vinculadas al valor de mercado previo al anuncio de la expropiación, con mecanismos de actualización.
El proyecto también apunta a acelerar la restitución de inmuebles en determinados casos de ocupación o tenencia precaria y flexibilizar las restricciones actualmente existentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Este último aspecto se convirtió en uno de los principales focos de controversia. La discusión involucra no sólo el ingreso de inversiones extranjeras, sino también las competencias provinciales y el control sobre recursos y territorios considerados estratégicos. Durante el debate parlamentario, especialistas y representantes de distintos sectores expusieron posiciones contrapuestas sobre el alcance de la reforma.
Cuatro intentos y ninguna votación
El recorrido legislativo de la iniciativa acumula sucesivos traspiés. El primer intento ocurrió el 4 de junio, cuando el proyecto llegó al recinto pero La Libertad Avanza decidió retirarlo del temario ante la falta de acuerdos suficientes.
El oficialismo buscó retomarlo posteriormente, pero una nueva sesión prevista para el 18 de junio no pudo concretarse. El tercer intento se produjo el 25 de junio, cuando la Cámara alta tampoco logró reunir el quórum necesario para sesionar.
Este jueves 16 de julio se produjo el cuarto intento. Aunque esta vez el Senado logró sesionar, las diferencias políticas y los cuestionamientos sobre las últimas modificaciones al dictamen obligaron al oficialismo a volver a postergar la discusión.
De esta manera, el proyecto impulsado por el Gobierno llegará al receso invernal sin haber sido sometido a votación. La nueva fecha señalada es el 6 de agosto, cuando el oficialismo intentará nuevamente reunir los acuerdos necesarios para avanzar con una iniciativa que, pese a las sucesivas negociaciones y modificaciones, continúa generando fuertes diferencias dentro del Senado.