A través de un comunicado, el Comité para la Prevención de la tortura, el organismo que supervisa los lugares de encierro, solicitó “políticas públicas concretas” para evitar vulneraciones de derechos de minorías; "Las disidencias se ven expuestas a actitudes ultrajantes derivadas de los parámetros binarios y cisheteronormativos de las instituciones penitenciarias”, determinó

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), marcó ayer la "imperiosa necesidad de adoptar políticas públicas concretas para que la privación de libertad no sea sinónimo de más discriminación y más violencia hacia las mujeres y las disidencias" y denunció que esos colectivos "sufren violaciones específicas" cuando enfrentan una detención.

El CNPT se encuentra facultado para visitar establecimientos donde se encuentren personas en situación de encierro sin previo aviso, con el objetivo de inspeccionar las condiciones, capacidad de alojamiento, control de sobrepoblación, empleo de la fuerza, requisa y medidas de sujeción y control de sobrepoblación, entre otros aspectos vinculados a la privación de la libertad.

"Afectación del vínculo con les hijes, desmembramiento del grupo familiar, requisas invasivas y vejatorias, falencias en el acceso a la salud psicofísica, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos son algunas de las violencias que afectan a las mujeres", expresó el CNPT, a través de un comunicado.
El comité, que realiza visitas de inspección periódicas a lugares de encierro en todo el país sin aviso, alertó que "las mujeres y las disidencias privadas de libertad sufren violencias específicas, que profundizan las usualmente padecidas por personas en situación de detención".

"Las disidencias se ven expuestas a actitudes ultrajantes derivadas de los parámetros binarios y cisheteronormativos de las instituciones penitenciarias: violencias sexuales, discriminación y malos tratos. El CNPT constantemente monitorea la situación de las mujeres y las disidencias privades de libertad en todo el territorio argentino", argumentó.

En el texto, el organismo reseñó una serie de recomendaciones que presentó ante los tres poderes del Estado para que sean "plenamente respetados" los derechos de mujeres y disidencias privadas de libertad.

A modo de ejemplo, mencionó la necesidad de que se "instrumenten medidas para evitar que las mujeres privadas de su libertad se desvinculen de sus lazos familiares, que puedan preservar la relación con sus hijes y no queden en situación de desamparo".

"Se recomendó también garantizar la salud, higiene, seguridad y salubridad de todas las mujeres detenidas con especial énfasis en las embarazadas, para que durante el período de gestación, parto y/o lactancia no carezcan de medios materiales que vulneren sus derechos", detalló el comité.

Además, el organismo reveló que las demandas que recibe durante sus visitas a los penales "refieren a todo tipo de vulneraciones: obstáculos para mantener el contacto con sus hijes, dificultades en el acceso a derechos sexuales y reproductivos y falta de acceso a medidas alternativas a la privación de libertad, reproducción de estereotipos de género durante el proceso judicial y en la oferta educativa y laboral".

Incluso, señaló, se denuncian "prácticas ultrajantes, tales como la aplicación de medidas de sujeción, sobremedicalización y requisas vejatorias".

"En cada jurisdicción visitada relevamos y evaluamos las políticas y medidas específicas implementadas por las autoridades, y realizamos recomendaciones", indicó el comité.