Los gremios docentes universitarios anunciaron una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector. El paro se realizará entre el 16 y el 20 de junio e incluirá además clases públicas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.

La decisión fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió avanzar con la protesta ante la falta de avances concretos en la implementación de la normativa que establece recursos para salarios, becas estudiantiles, infraestructura y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Como parte del plan de lucha, el gremio convocó a una jornada de clases públicas para el 9 de junio frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema de Justicia. También están previstas actividades en Rosario y en la Capital Federal durante los días posteriores.

Desde la organización sindical señalaron que permanecerán en estado de alerta y sesión permanente mientras analizan una propuesta acercada por el Gobierno nacional al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas.

La oferta fue presentada durante una reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación y representantes del CIN. Según trascendió, contempla una recomposición salarial del 21,33 por ciento para junio y un incremento adicional del tres por ciento en octubre, además de una actualización del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento y partidas específicas para becas y hospitales universitarios.

Sin embargo, los gremios consideran que la propuesta resulta insuficiente frente a lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé una recuperación salarial superior para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023.

En paralelo, Conadu presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a negociaciones paritarias y reclamó una instancia formal de diálogo con el Gobierno nacional.

El conflicto también se desarrolla en el plano judicial. Días atrás, la Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación realizada por el Estado nacional en el marco de la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El máximo tribunal desestimó el planteo mediante el cual el Gobierno buscaba apartar a magistrados que intervienen en el expediente. Los jueces consideraron que no existían elementos que justificaran la recusación y remarcaron que el ejercicio de la docencia en universidades públicas no implica un interés personal directo en el resultado del litigio.

De esta manera, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno suma un nuevo capítulo, mientras docentes, estudiantes y autoridades académicas continúan reclamando mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.