La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, denunció a AIM que a un año de la creación de la Obra Social de Entre Ríos (Oser) “las prestaciones empeoraron”. Además, advirtió que la retención de servicios de los médicos de cabecera del Pami “deja a los adultos mayores sin atención, sin medicamentos y sin perspectivas de mejora”. "Es todo un combo muy injusto para el adulto mayor", subrayó.
El balance del primer año de vida de la Oser —creada en junio de 2025 mediante la Ley 11.202, que disolvió el Iosper— es, para Ávalos, lapidario. "Dijeron que la intervención iba a ser por seis meses y que los servicios iban a mejorar. Las dos cosas son mentiras; desde que asumió la intervención del poder Ejecutivo la obra social está peor que cuando la manejaba el Directorio Obrero, porque ahora ni prestaciones tenemos", afirmó la dirigente.
“La degradación concreta de la cobertura es lo que más golpea a los pasivos entrerrianos en su vida cotidiana. Medicamentos que ya no se cubren, reintegros que se recortan y prestaciones que directamente desaparecen conforman un cuadro que Ávalos describió como el resultado de una política deliberada: El ajuste es gradual con un discurso del gobernador Rogelio Frigerio mentiroso", remarcó la jubilada.
A ese deterioro provincial se suma la crisis nacional del Pami, donde los médicos de cabecera sostienen una retención de servicios —con un nuevo paro de 72 horas lanzado esta semana— en repudio a la Resolución 1107/2026, que recortó los honorarios profesionales de forma retroactiva y unilateral. El impacto sobre los afiliados es inmediato: turnos que se demoran meses, prestadores que renuncian a sus contratos y adultos mayores que quedan sin referente sanitario. "Con el tema de los médicos ahora no sé qué va a pasar, porque la gente va a tener que ir buscando y viendo quién va a ser su médico de cabecera, si van a seguir atendiendo, porque se les achicó el monto y la ganancia. Es terrible, es todo un combo que hay que ir viendo cómo se va manejando, es muy injusto para el adulto mayor", graficó la titular del Centro.
La cadena de desfinanciamiento no termina en los consultorios. Ávalos explicó que el retraso en los pagos a laboratorios provoca una reacción en cascada que termina vaciando las góndolas de las farmacias. "Desde que comenzó el Gobierno de Milei se fueron sacando algunos medicamentos o teniendo que pagar la mitad. Hay retraso en el pago a los laboratorios; por eso las farmacias a veces no tienen los remedios necesarios para darle a los jubilados. Si a las farmacias no les entra el dinero no pueden pagarle a las droguerías, las droguerías no les pueden dar los remedios a las farmacias", detalló. Y añadió: "En el 80 o 90% de las farmacias los clientes son adultos mayores y de Pami sobre todo. Ahí se forma un choque entre droguerías, farmacias y los pacientes, cuando la farmacia no puede darle los medicamentos que realmente necesitan".
Para la referente gremial, la raíz del problema no es una falla de gestión sino una decisión política: "El Pami no puede funcionar como una empresa que busca recursos a costa de la gente; es un organismo que debe garantizar derechos, pero hay una decisión política del Gobierno de Milei de achicar el sistema y trasladar el costo a los propios jubilados, y eso no puede estar pasando, hay muchas necesidades".
Frente a ese cuadro de doble ajuste —provincial en la obra social y nacional en el Pami—, Ávalos cerró con una definición política. "Uno acá no está pidiendo privilegios. Se está pidiendo respeto y el cumplimiento de derechos básicos, porque los jubilados no son una variable de ajuste; son sujetos de derecho y merecen vivir con dignidad", remarcó.