Los docentes de todo el país realizan este lunes un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en reclamo de una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una mayor inversión en el sistema educativo.

La medida de fuerza alcanza a establecimientos educativos de todo el país y, en Entre Ríos, cuenta con la adhesión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu).

El paro coincide con el reinicio de las clases tras el receso invernal en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque el impacto se extiende a todo el territorio nacional. También podrían verse afectadas algunas instituciones privadas, según la decisión de cada establecimiento y de sus cuerpos docentes.

Los reclamos de los gremios

Ctera resolvió la medida al denunciar la "permanente negativa" del Gobierno nacional a convocar a una mesa de diálogo para discutir la situación salarial del sector.

Entre los principales reclamos figuran la restitución inmediata del Fonid, la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una actualización salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y un incremento del presupuesto destinado a escuelas, comedores y programas educativos.

Además, los sindicatos exigen la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a eventuales reformas previsionales que, según sostienen, afectarían los derechos laborales y jubilatorios de los trabajadores de la educación.

En el ámbito universitario, Agdu también confirmó su adhesión al paro y reclamó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la reapertura de las negociaciones paritarias.

El Gobierno controlará el cumplimiento del servicio mínimo

Frente a la medida de fuerza, el Gobierno nacional ratificó que la educación básica está alcanzada por la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que la declara servicio esencial y establece que, durante los conflictos colectivos, debe garantizarse una prestación mínima del 75 por ciento.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, advirtieron que se realizarán controles en las escuelas estatales durante toda la jornada para verificar el cumplimiento de esa obligación.

Para coordinar el operativo, Pettovello convocó este domingo de urgencia al Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros del área de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la reunión, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, confirmó que se articularán inspecciones nacionales con las jurisdicciones para supervisar el desarrollo de la jornada.

Según informó la ministra a través de sus redes sociales, el objetivo es garantizar la continuidad del dictado de clases y coordinar las tareas de fiscalización en todo el país.

Advierten con sanciones

El Ejecutivo anticipó que, si durante el paro no se garantiza el funcionamiento mínimo del 75 por ciento previsto por la legislación vigente, se iniciarán actuaciones administrativas contra las organizaciones gremiales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el procedimiento comenzará con la confección de denuncias por incumplimiento de la normativa y podría derivar en multas económicas. Desde la Casa Rosada señalaron que se trata de un proceso administrativo que puede extenderse en el tiempo, aunque remarcaron que la primera sanción prevista es la aplicación de una multa.

El Gobierno también recordó que sostiene que la fijación de los salarios docentes corresponde exclusivamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de empleadoras, por lo que considera que no existe una paritaria nacional con capacidad para definir remuneraciones.

En ese marco, cuestionó la convocatoria al paro al considerar que compromete el derecho a la educación de los estudiantes y reiteró que hará cumplir la legislación vigente sobre servicios esenciales.