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Denuncian el espionaje ilegal de más de 500 políticos, periodistas, académicos y empresarios

El juez Federico Villena notificó formalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de las personalidades del ámbito político, sindical, eclesiástico y periodístico que aparecen en la investigación por seguimientos y espionaje ilegal de la AFI del gobierno de Mauricio Macri, cuando Gustavo Arribas era el jefe de los espías.[{adj:82392 alignright}]

La lista dará lugar a que ahora todos ellos puedan presentarse como querellantes. Incluye a Salvatore Pica, cuñado de Macri. Cristina Caamaño, interventora de la ex SIDE, realizó una nueva denuncia con documentación de espionaje ilegal masivo durante el gobierno de Cambiemos.

Según el escrito presentado por Caamaño, la información fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones "2017", "Periodistas G-20" y "Varios" y que contenían fichas en la que se calificaba por colores a las personas investigadas, de acuerdo a sus afinidades políticas.

La tarea estuvo a cargo de la Dirección de Eventos Especiales, quien se encargó de hacer un seguimiento sobre quienes se acreditaron para cubrir las dos cumbres internacionales que tuvieron lugar en el país en 2017 y 2018. La información recabada era luego remitida a la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia que se encargaba de la evaluación.

"En las 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia respecto a periodistas de distintos medios", se hallaron "28 fichas de personas con vinculaciones académicas".

Además se encontraron otras "58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos".

En el documento presentado ante la Justicia, se consigna la existencia de un "informe cuyo asunto reza "OMC", el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas".

Entre el listado hallado en la AFI están incluidos cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior.

Fichaje

“Siempre con posturas contra el Gobierno”. “Se opone fuertemente al kirchnerismo”. “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”. “Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista”. “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”. Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri desde los sótanos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los datos surgen de una nueva denuncia de Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI, a partir de documentación encontrada en una de las tantas cajas fuertes que hay en la casa de los espías. Caamaño pidió que se cite a indagatoria a Macri y a sus jefes de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A los periodistas se suman casi 100 dirigentes políticos, sociales y empresarios y datos de como se infiltró directamente una reunión de un partido político opositor.

Entre los espiados ilegalmente por la AFI macrista hay 403 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que solicitaron acreditación para el G-20 a fines de 2018. No solo les revisaron las redes sociales y bucearon en Google sobre sus antecedentes sino que en las fichas se incluyeron referencias a sus ideas políticas y vínculos así como información irrelevante pero que no debe ser objeto de inteligencia sobre que tipo de publicaciones hacían. En muchos casos se destaca si eran más o menos cercanos al gobierno de Macri o al kirchnerismo. El espionaje fue masivo y para todos, tanto de medios y periodistas alineados con Macri como de críticos.

En la denuncia, la interventora Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

Además de los 403 periodistas hay 28 fichas de académicos y otras 59 vinculadas a la 11 Conferencia Ministerial de la OMC del 2017. También había informes de inteligencia sobre el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, que planteaban objeciones a esos eventos. Y una carpeta con información de una reunión de un partido político opositor obtenida de “fuentes propias”, lo que significa que a diferencia de los periodistas a los que les revisaron “fuentes abiertas” como Twitter, Instagram y Facebook, en ese caso se infiltraron de forma directa.

Todo esto viola la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4 inciso 2 establece que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Es evidente que la gestión Macri-Arribas-Majdalani hizo todo esto y más.

Fuente: El Destape / Ámbito.

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