El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, comenzará a convocar a entidades empresariales para revisar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El funcionario considera que durante el último tramo de la negociación, que encabezó la gestión de Mauricio Macri hubo “falta de transparencia”, por lo que entiende que es necesario rever los detalles del tratado. La convocatoria será en los próximos días según informaron fuentes de la cartera.

En el equipo de Kulfas sostienen que la principal característica que tuvo la negociación del Acuerdo Mercosur-UE fue la falta de transparencia hacia los distintos sectores productivos. Afirman que el sentido de los encuentros será informar y escuchar lo que tienen para decir al respecto y luego elaborar un informe que se va a poner a disposición del presidente, el canciller y el Parlamento, que es el que va a tener que discutir el asunto.

En junio del año pasado, tras 20 años de negociaciones, ambos bloques anunciaron en Bruselas que arribaron a un entendimiento. De éste se desprende que se va a generar una zona de libre comercio birregional. Una vez aprobado por los respectivos poderes legislativos, el convenio le concede al Mercosur una eliminación de aranceles para el 93 por ciento de sus exportaciones, mientras que el siete por ciento restante tendrá tratamiento preferencial. Por otro lado, el bloque sudamericano tendrá plazos amplios de hasta 15 años para liberalizar sectores sensibles, en forma gradual. Se estima que el 60 por ciento del universo de bienes industriales que se elabora en la región mantendrán protección arancelaria por unos 10 años.

Según consta en un informe oficial, el acuerdo contempla beneficios específicos para las pymes que impulsan su presencia activa en el comercio birregional y mundial, a través de programas que facilitan su integración en cadenas globales de valor, asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, joint ventures, partnerships, bussines networks, transferencia de know how y asistencia financiera. El acuerdo contempla aspectos como la preservación del medio ambiente y de las leyes laborales.

El año pasado, cuando las fuerzas políticas del actual Gobierno formaban parte de la oposición, la principal crítica que se le hizo al entendimiento fue la del apuro de Macri por cerrar y anunciar el tratado, ante un posible uso electoralista de este. Algunos sectores empresariales vinculados a las pequeñas y medianas empresas, como la Unión Industrial de Santa Fe (Uisfe), mostraron el mayor grado de rechazo, por temor a la competencia de las empresas europeas en la región.

Fuentes del anterior equipo de la Cancillería encabezado por Jorge Faurie, que acordó el tratado, indicaron a este diario que durante el transcurso de la negociación hubo reuniones informativas con cámaras empresariales, a nivel del Congreso, y en las provincias, para explicar cómo podía afectar a las economías regionales. En tal sentido, indicaron que por el momento no van a salir a hacer observaciones sobre la marcha de la política de comercio exterior del actual Gobierno de Alberto Fernández.

Actualmente, el acuerdo se encuentra en la etapa denominada legal scribd (revisión legal). Se trata de un control del texto, donde se precisan los términos y definiciones y se buscan posibles contradicciones que pudieran surgir entre artículos. Concluida esa etapa (se espera que en marzo podría ocurrir) hay que traducir el texto definitivo a los diferentes idiomas de los países signatarios (más de 20). Luego se firma y entonces comenzarán a actuar los parlamentos y congresos. En este punto es donde pueden surgir los mayores inconvenientes. Francia es el país con menor plafón político para aprobarlo.

El Gobierno de Emannuel Macron viene siendo duramente cuestionado por movimientos sociales. Los productores de ese país realizaron también fuertes protestas contra el tratado. Si bien por un lado Macron dice estar a favor del acuerdo, por otro hizo serios llamados de atención, entre ellos a Brasil por las políticas de Jair Bolsonaro sobre medio ambiente y su amenaza de retirarse del tratado de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. También países como Polonia e Irlanda, que tienen fuertes sectores agrícolas, plantean reparos para la aprobación.