Las empresas que realicen alguna actividad de extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos concernientes a Entre Ríos, tendrán prohibido durante 45 días la actividad, si no tienen el certificado de informe técnico favorable. La medida “es un paso porque todos los informes científicos demuestran que inundan los campos de la zona y contaminan los cursos de agua, lo que genera un negativo impacto ambiental”, afirmó a AIM Carlos Cadoppi, quien impulsó el amparo.

El Ejecutivo entrerriano acordó en la Justicia Federal que se frene, por 45 días, la actividad de las empresas que realicen alguna extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos I, II, III, IV y V (concernientes a Entre Ríos), si no tienen el certificado de informe técnico favorable.

La disposición fue acordada en Gualeguaychú, cuando se realizó una audiencia entre Cadoppi, el Fiscal de Estado, Julio Rodriguenz Signes; y el ministro de la Producción, Juan José Bahillo; ante la Fiscal subrogante, Josefina Mionatta; y el secretario de la Fiscalía Federal, Nicolás Riolfo.

En la jornada, la provincia realizó la propuesta de suspender por 45 días la actividad de las areneras que no cumplieron con los trámites pertinentes, posición que aceptó Cadoppi, quien aclaró a esta Agencia que “ellos -el Estado- pretenden poner en orden un poco los papeles pero las areneras son la última muestra del desastre existente, porque al sacar agua del subsuelo (que tiene manganeso, hierro y arsénico) envenenan a la gente y esto está demostrado científicamente”.


En ese marco, subrayó que los 45 días serán insuficientes porque más allá de la parte técnica “que no podrán cumplir porque faltan papeles”, existen fuertes pruebas de que las areneras afectan el ecosistema y ponen en riesgo la salud: “Eso quedó demostrado en la planta potabilizadora de Ibicuy, que advirtió que están sacando mucho hierro; esta planta abastece a 4.000 personas y lo mismo estaría pasando con 20 millones de seres humanos que tienen el servicio de Agua y Saneamiento Argentino (Aysa)”.

Científicamente la posición de Cadoppi está respaldada, ya que existen pruebas concretas de la contaminación e inundaciones, que atentan fuertemente contra la el ecosistema de la zona y la vida humana, lo que generó en toda la cartografía entrerriana un amplio rechazo a las areneras que no cuentan con licencia social.

“Ahora las areneras deberán reparar el daño ambiental y recuperar el ecosistema, es decir, tienen que arreglar los campos afectados, no tienen que sacar más agua del subsuelo y garantizar que el agua de lavado no está contaminada, porque sino no van a funcionar más”, consideró el productor, quien confirmó a esta Agencia que las empresas de extracción ya dejaron de trabajar en la zona. Además aclaró esto no es un enfrentamiento con los trabajadores, “si las areneras dejan de funcionar es pura y plena responsabilidad del gobierno –que no controla como debería- y de las empresas negligentes que en función del capital no miden las consecuencias sobre la vida humana, envenenando a sus trabajadores destruyendo el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de millones de personas”.

“Así como las areneras no pueden explicar el impacto ambiental que generan los organismos del Estado no pueden hacerlo con las obras irregulares que (tanto particulares como el propio Estado) han realizado”, dijo. Cadoppi precisó que se refiere “al alteo del camino de ripio que une el Paraje Roldán con la Autovía 12 en su cruce con el Arroyo Sagastume, que no tiene sufucientes puentes como para que el agua escurra según las pendiente natural hacia el río Uruguay; los cortes de los arroyos en las cuencas que se inundan por acción de estas areneras; el trasvasamiento del río Paranacito para dragar el arroyo Cuartillo; y las declaraciones juradas (muchas de estas firmadas por el mismo profesional) que obligaron a hacer al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) para controlar precisamente el desastre que está ocurriendo, sin contemplar la sumatoria de los impactos ambientales pretendiendo que se aprueben como si no existieran esos daños, así tantas cosas mas que ahora los funcionarios y dirigentes deberían de explicar ante la justicia”.

Para Cadoppi, “una solución coyuntural no es aceptable, debemos replantearnos todo el funcionamiento del sistema. Tenemos el derecho de exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de cuidar la vida y el ambiente que recibirán las generaciones futuras, en ese sentido, ese derecho es para mí una obligación de argentino comprometido con el desarrollo sustentable de nuestra Nación”.