La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos labró un acta de infracción por una fiesta electrónica convocada a través de redes sociales en la reserva Islas y Humedales de Victoria. Se verificaron los daños ambientales. El evento no contaba con habilitación municipal. La justicia allanó el lugar.

El inmueble, de propiedad privada, está ubicado a la altura del kilómetro 7 de la ruta 174, del lado sur. Al ser un área natural protegida no están permitidos en el lugar eventos de estas características. Ni bien tomó conocimiento, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso un operativo de constatación, ya que tiene el poder de policía administrativo pero carece de atribuciones judiciales.

Por tanto, en la tarde del sábado, personal de la Brigada Ambiental, acompañados por efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería nacional, se presentó en el ingreso del lugar sin lograr que nadie atendiese sus reiterados llamados. A simple vista se advertían preparativos para una fiesta.

Al no contar con orden de allanamiento no fue posible acceder al predio y se levantó un acta dejando constancia de lo que ocurría. La actuación fue supervisada por los directores generales del área Legal, Osvaldo Fernández, y de áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza.

Luego tomó intervención la fiscal federal de Victoria, Rosana Luggren, en el marco de un expediente que tramita en el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, en el que se ha dictado una medida cautelar protectiva de la reserva. La fiscal abrió una causa por el posible delito de resistencia o desobediencia a un funcionario público. A su vez, un grupo de vecinos se presentó ante el juez Federico Martín denunciando la convocatoria a la fiesta electrónica.

En horas de la noche, a raíz de un oficio de la fiscal, la Secretaría de Ambiente dispuso continuar con el procedimiento junto a personal de Prefectura Naval. El organizador de la fiesta hizo saber que no se concretaría el evento. Los funcionarios permanecieron en el lugar en compañía de fuerzas federales.

En la madrugada, el organizador comunicó que hacía la fiesta sin permitir el ingreso de los funcionarios. Ante estas circunstancias, la fiscal solicitó varias medidas que fueron autorizadas, horas más tarde, por el juez actuante. De este modo, recién después del mediodía se allanó el predio y se procedió al secuestro de diversos elementos. La Brigada Ambiental, con la presencia de Aceñolaza, efectuó una verificación de los daños ambientales.

Todo lo ocurrido, las actas levantadas y los impactos ambientales generados, se incorporan al procedimiento sancionatorio que se abrirá en la Secretaría de Ambiente, respecto de un infractor que es reincidente, sin perjuicio de las acciones llevadas adelante por la justicia penal federal, atento a posibles delitos en los que habría incurrido el organizador de la fiesta ilegal.