Oro Verde, suscribió o al menos eso hicieron figurar en los papeles la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo hizo incluso antes que la provincia en el marco de la gestión nacional que encabezó Mauricio Macri. Y es a simple vista uno de los municipios más comprometidos con la gestión ambiental, o por lo menos eso reza la propaganda oficial que el municipio coloca a través de la pauta oficial en diarios, radios y canales de televisión, sitios web y redes sociales.

En 2019 en el marco de la red de Municipios frente al Cambio Climático su por entonces intendente José Luis Dumé presentó junto al bioing. Francisco Javier Fernández a cargo de Ambiente, el Plan Local de Acción Climática.
Fernández continúa a cargo de la misma y Oscar Toledo actualmente intendente, en ese entonces ya formaba parte de la gestión como viceintendente. Lo mismo que la actual viceintendenta, Marianela Komar, ya se encontraba prestando funciones en el municipio.

El Plan que es más bien de corte descriptivo, es un plan proyectivo al 2030 que más allá de repetir las generalidades comunes en el discurso contra el cambio climático propone acciones para su mitigación.

En el documento que el municipio presentó se da cuenta de datos geo topo sociales de la ciudad y sus habitantes. Llamativamente en los cuadros que implican el análisis de emisión de gases y otros referidos a la contaminación, el municipio no cuantificó ninguno vinculado a la órbita industrial o de uso de productos. Siendo que cuenta con dos frigoríficos, uno en el inicio de la ciudad y el otro en pleno casco urbano y una incipiente área industrial ya zonificada. Omite también el estudio mencionar la aplicación de agroquímicos que realizan instituciones a las que sí menciona como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Escuela Alberdi perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Otras tantas cosas llaman la atención de ese estudio, como la amplia oferta de servicios a la comunidad que goza en un 100 por ciento de agua potable. El estudio omite decir que la gran mayoría de ciudadanos oroverdenses, a pesar de contar con el servicio, no consume el agua que distribuye el municipio y/o la cooperativa dada su mala calidad y los malestares físicos que genera.

Fueron los propios vecinos de la zona en cuestión que se manifestaron no hace mucho con motivo de la difusión del estudio de la ingeniera Mariela Soledad Seehaus sobre la presencia de plaguicidas en el aire.

Seehaus había realizado un monitoreo de glifosato y de AMPA —el principal producto de degradación del herbicida— en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60 por ciento de los puntos de la muestra.

Llamativamente, ninguno de estos temas fue introducido en el Plan de Acción Climática de Oro Verde, que no obstante su presentación formal a las autoridades internacionales, sí lo reconoció ante los vecinos mediante la creación de un observatorio ambiental conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Uner y el propio Inta.
No obstante entonces el discurso ambiental de la gestión de gobierno vecinalista, los hechos parecieran estar indicando otra cosa.

En los últimos días –y no es la primera vez- las bocas de tormenta de las calles cercanas al frigorífico Alberdi rebalsaban de sangre y otros componentes de animales, que sumados al mal olor que también se puede sentir con frecuencia producto de las piletas de efluentes le quitan al Oro cada vez más el Verde.

A esto se añade un nuevo capítulo de ceguera ambiental, la instalación de un horno crematorio para animales, humanos y otros, ni más ni menos que en el centro de uno de sus barrios residenciales. Más específicamente en la esquina de la nueva morgue judicial, en calle Los Macaes.
Se trata de un emprendimiento privado ingresado hace más de un mes en el municipio y que ya ha pasado por diversas áreas, incluída el área de Ambiente que sigue a cargo del Bioing. Francisco Javier Fernández y estaría siendo impulsado por un grupo de 8 personas que según trascendidos involucran a un militar de la Blindada 2 del Ejército, un comisario mayor y otros funcionarios vinculados a la provincia.

Evidentemente el enorme compromiso que los vecinos de Oro Verde manifiestan en relación a ciertas cuestiones ambientales, y el reconocimiento formal que el Estado local hace de este compromiso no es equivalente a lo que el Estado debería hacer. Ni los frigoríficos ni el parque industrial ni la planta de efluentes ni la aplicación de agroquímicos- sin que se cumpla la normativa- ni ahora un crematorio deberían tener lugar en el medio de la ciudad.
Muchos menos un horno que podría terminar incinerando residuos patológicos, y químicos según el modelo que quieren instalar: “La gran mayoría de vecinos de toda la zona Inta estamos movilizados en contra de este proyecto, no hemos sido consultados y nos parece una aberración que en plena pandemia, con todo lo que ha quedado de manifesto sobre la importancia del aire y del ambiente; que esta gestión esté dispuesta a dar curso a un negocio privado altamente contaminante y degradante para la calidad de vida de todo el pueblo nos indigna. Estamos juntando firmas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese proyecto sea retirado, y hasta lograr una normativa que nos proteja de futuros negociados perversos que están lejos de representar las necesidades reales de nuestra ciudad”, expresan los vecinos.

Ahora los concejales de Oro Verde deberán aprobar o no este proyecto. Los concejales son siete en total: cuatro por la mayoría vecinalista, dos del bloque de Juntos por el Cambio y uno por el Frente Creer. Los cuatro vecinalistas son: Carlos Retamar, Claudia Genolet (funcionaria del IOSPER), María Sol Acosta y Marina Grandolio. Dos de Juntos por el Cambio, Edgardo Fontana y Rocío del Castillo y Leonel Reynoso por el Frente Creer.
Redacción AIM.