La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es competente para intervenir en la demanda presentada por la provincia de Entre Ríos contra el Estado nacional, en el marco del reclamo por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande.

Este dictamen representa un respaldo clave al planteo del gobierno entrerriano, que busca restituir los derechos económicos y federales contemplados en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Según ese pacto, se establecían compensaciones por la utilización de los recursos hidroeléctricos de la represa de Salto Grande.

La acción judicial presentada por Entre Ríos sostiene que la Nación incumplió con las transferencias y compromisos establecidos en el pacto, afectando directamente a la provincia y a las regalías que le corresponden por la generación de energía.

Con el aval de la Procuración, la Corte Suprema queda habilitada para avanzar en el tratamiento del caso, que podría sentar un precedente en materia de federalismo fiscal y distribución de recursos.