Desde la comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se emitió un comunicado donde hizo pública la preocupación “frente al proceso de mercantilización de la formación docente” que, dijeron, “se viene dando en nuestro país y particularmente en la provincia, manifestando a su vez un enérgico rechazo al aval que adquiere el mismo por parte del Consejo General de Educación”. [{adj:53615 alignright}]

El sindicato recordó que desde hace un tiempo viene advirtiendo sobre una “proliferación de propuestas de formación continua que, lejos de pretender un verdadero aporte para el colectivo docente, constituyen en realidad un negocio muy lucrativo para quienes las promocionan y llevan adelante, en general fundaciones que muy poco tienen que ver con la educación pública. Estas propuestas tienden a ser costosas y prometen otorgar un puntaje que no se corresponde con la carga horaria estipulada por la normativa concursal, con lo cual procuran atraer a compañeras y compañeros mediante un engaño que se aprovecha de la necesidad de formarse”, sostuvo.

La asociación gremial docente observó que el cuadro se ve agravado por el que CGE, “principal responsable de velar por la legalidad y pertinencia de las acciones de formación permanente, mira para otro lado y permite que esto ocurra sin que medie ningún tipo de seguimiento que sirva de contralor, como sí suele ocurrir con cada uno de los proyectos que son presentados por Agmer a través de su Escuela de Formación Pedagógica y Sindical, proyectos que no sólo cumplen con lo dispuesto por el Acuerdo Paritario de 2013, sino que además son totalmente gratuitos para el conjunto de afiliadas y afiliados al sindicato, entendiendo con ello que ningún pretexto puede justificar la búsqueda inescrupulosa de ganancia”.

Presentación

Desde el sindicato, se agregó, reivindicaron “la formación continua como un derecho de cada compañera y compañero, por lo que reiteramos una vez más la necesidad de garantizar un acceso igualitario a las acciones de actualización y perfeccionamiento que hacen posible jerarquizar la carrera docente, mejorando nuestras prácticas cotidianas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso sostenemos que debe ser el Estado quien, además de asegurar propuestas de formación gratuita y en servicio, regule aquellas que surgen del ámbito privado para impedir su utilización como una mercancía. Es por tal motivo que acompañamos la presentación formal que hiciera nuestra compañera Perla Florentín, vocal gremial del CGE en representación de la docencia entrerriana, solicitando al mismo que intervenga de manera inmediata para regular este tipo de propuestas y asegurar que se ajusten a lo explicitado en los proyectos por los tienen aprobación conforme lo previsto en la Resolución N° 4120/13 CGE, dando cumplimiento real a la carga horaria y modalidad de trabajo que allí se establecen. Con relación a esto, llama la atención que dicha presentación fuese ignorada por el CGE, con lo cual implícitamente la patronal está admitiendo que la cuestión de fondo ya no pasa por el desconocimiento frente a lo que ocurre, sino lisa y llanamente por la complicidad con ello”.

Por último, desde Agmer se exigió “al gobierno que tome cartas en el asunto para que no se siga estafando a cientos de compañeros y compañeras a través de cursos que violan la normativa vigente y solamente sirven para generar un rédito económico a sus responsables, sin representar ningún tipo de aporte significativo para la formación docente y la escuela pública en nuestra provincia”.