El Gobierno analiza cómo hará para continuar con el programa de quita del IVA para los alimentos y el nuevo mínimo no imponible de Ganancias tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó interrumpir el descuento de coparticipación que realizaba a las provincias para afrontar el costo fiscal de esas medidas. Por la sentencia del tribunal, la nación deberá financiarlas temporalmente solo con fondos propios.

Fuentes oficiales calcularon que el impacto que tendrá el revés de la Corte al Gobierno nacional rondaría los 30.000 millones. Y que buscarán cumplir con el fallo pero para eso están "evaluando distintas alternativas" para sostener las medidas, que fueron anunciadas por el presidente Mauricio Macri días después de la derrota del oficialismo en las Paso.

Desde la Casa Rosada aclararon que los dos anuncios no eran por tiempo indefinido sino que tenían fecha de terminación: para el caso de Ganancias, la rebaja para autónomos y del mínimo no imponible el lapso previsto era de septiembre y octubre, mientras que la eliminación de la porción de IVA en el precio final de los alimentos tenía vigencia hasta fin de año.

El supremo tribunal consideró que el corte unilateral de una parte de la coparticipación a las provincias dejaba a esos distritos en una situación de "extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones y deberes a su cargo". En ese sentido, consideró que "las sumas que dejarían de ingresar a las arcas provinciales ya se encontraban incorporadas como recursos corrientes en el presupuesto de gastos".

Desde la nación, replicaron que este año las provincias terminarán recibiendo "por lo menos 125.000 millones extra de recursos de origen nacional". De hecho, en los primeros nueve meses de 2019, el giro de fondos alcanzó los 100.000 millones, argumentaron desde la Casa Rosada.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo manifestó su resquemor por la acción judicial que emprendieron las 15 provincias que fueron a la Corte Suprema. "Los gobernadores pidieron la emergencia alimentaria pero van a la Corte por la rebaja de IVA y Ganancias", criticaron en Balcarce 50. "El equilibrio fiscal no es responsabilidad sólo de la Nación sino de todos los poderes del Estado, incluido los gobiernos provinciales y municipales, y el Congreso de la nación", concluyeron las fuentes oficiales.

El costo que deberá afrontar ahora la administración nacional pondrá presión al cumplimiento de la meta de déficit fiscal que el Gobierno acordó con el FMI. Si bien el objetivo original era de equilibrio (sin déficit), el programa firmado con el organismo prevé un margen de 0,5 por ciento del PBI de rojo fiscal en la medida en que esos gastos tengan como destino políticas sociales.