El Gobierno Nacional promulgó la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción. Se trata de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda aprobada a comienzos de 2021 con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector, uno de los que fue más afectado por la pandemia de coronavirus. La medida que obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra -Juntos por el Cambio votó negativo- establece un impuesto especial sobre los bienes que se declaren, que deben ingresar a una cuenta especial.
En efecto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%. En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será de 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota de 20%.
“La reglamentación de la AFIP estará vigente el miércoles y plantea una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera”, anunció días atrás el titular del Palacio de Hacienda.
“Esta medida de alivio fiscal es clave para impulsar el crecimiento y la financiación de una de las industrias más pujantes del país. Cuando trabaja la construcción, trabajan las actividades a su alrededor, se crean empleos, se mueve la economía y la Argentina crece”, destacó Massa a.
En el sector hay expectativas favorables y cálculos de que podrían llegar a declararse entre USD 4.000 y USD 5.000 millones en obras de viviendas y oficinas que actualmente tienen menos del 50% de ejecución; a diferencia del blanqueo de 2021 que duró 2021 y en el que se estima que se declararon USD 200 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central de la República Argentina “reglamentarán la presente ley dentro de los quince 15 días corridos y dictarán la normativa complementaria e interpretativa necesaria para implementar las condiciones previstas en la presente ley”, se aclaró este lunes en el Boletín Oficial.
Además, la ley promulgada este lunes incluye el “Puente al Empleo”, la iniciativa mediante la cual el Gobierno busca transformar 200 mil planes sociales en trabajo formal. Si bien resta la publicación del decreto que oficializará su implementación, Massa explicó que la medida “habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social acceder al mercado de trabajo, el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos que el año que viene podamos incorporar a beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo”, manifestó el ministro de Economía.