Se presentó en Casa de Gobierno el proyecto de Ley que remitió el Ejecutivo a la Legislatura para poner en marcha en la provincia el juicio por jurados. La iniciativa “amigará el Poder Judicial con la ciudadanía”, aseguró a AIM la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

En conferencia de prensa, Romero explicó a esta Agencia la importancia del juicio por jurados como una forma de democratización de la justicia: “Estamos convencidos que es un modo muy profundo de participación popular en uno de los poderes del Estado que, prácticamente, no contiene participación popular, fuera de algunas figuras como el  amicus curiae u otros pocos  admitidos”.

Esta figura contemplada en las Constituciones nacional y provincial  “tiende a establecer, hacia el futuro, otro paradigma en el ejercicio del poder ciudadano en materia penal y, también, en la legitimación del Poder Judicial, porque la gente se amiga con ese  poder, comprende el rol del juez y lo trasmite a la sociedad”, subrayó.

En ese sentido, destacó que  las provincias argentinas “vienen en un movimiento de implementación del juicio por jurados y la reforma legislativa viene siendo exitosa ya que  ninguna de las provincias que optó por el jurado quiso retroceder en el proceso”.

En ese marco, la abogada detalló que la iniciativa promovida en la Legislatura por el Ejecutivo  -que tomó estado parlamentario en la Cámara Alta y pasó a comisión para su análisis-  “plantea un jurado popular puro (que tendrá paridad de género), que hará un veredicto de culpabilidad o inocencia, pero no impondrá la pena”.

Además, subrayó que el proyecto de Ley “contempla la posibilidad de que las partes hagan una tacha de jurados sin expresar fundamentos y, otra, argumentando”.

 

Debate en el parlamento

Por su parte, los diputados y senadores se comprometieron a abrir un profundo debate en las Cámaras.  Al respecto, el presidente del bloque oficialista en el Senado, Ángel Giano, indicó: “Con la remisión del proyecto, el gobernador Gustavo Bordet cumplió un compromiso asumido en la Asamblea Legislativa y, ahora, nos toca la tarea a los legisladores de estar a la altura de generar un proceso participativo de consulta y trabajo mancomunados entre las Cámaras, dando participación a todos los operadores judiciales”.

“Para nosotros es una responsabilidad muy grande este desafío de abordar una manda Constitucional y poder trabajar lo más rápidamente posible, con la consulta de quienes tendrán que aplicar la Ley y a quienes desde hace tiempo trabajan, estudian e instan la aplicación del juicio por jurados”, aseguró el senador.

Juicio por Jurados en Entre Ríos

El Proyecto de Ley de Juicio por Jurados -presentado a la Legislatura de Entre Ríos el pasado viernes y que tomó estado parlamentario el día de ayer- propone establecer que los juicios criminales que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión sean realizados por jurados populares.

La propuesta establece que el jurado estará integrado por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, quienes se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no del acusado.

Este proyecto apunta a dar cumplimiento, en la provincia de Entre Ríos, al mandato Constituyente Nacional originario -establecido en 1853- que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

Este proyecto de Ley cuenta con un amplísimo consenso, tanto de la comunidad jurídica como política, por el modo de funcionamiento del modelo de jurado propuesto y las ventajas que implica para la participación ciudadana que busca promoverse y, por ende,  para la democratización de la justicia.

El procedimiento del juicio por jurado tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

El jurado popular se encuentra en una situación más favorable para resolver un caso con la mayor imparcialidad posible y alejada de presiones -tanto externas como internas- que pudieran afectar su independencia frente al caso concreto.