Ambientalistas del colectivo Paysandú Soberano entregaron 17.200 firmas en la Junta Departamental para impulsar un plebiscito que prohíba la instalación de la planta de combustibles sintéticos HIF Global en el departamento. Desde el colectivo denuncian que las firmas estarían retenidas, a la par que el gobierno uruguayo y HIF Global buscan resolver el acuerdo definitivo para avanzar con el proyecto. “Están en juego nuestras instituciones. Que la Corte Electoral no cumpla con sus funciones, atente contra la democracia directa y le haga los mandados a la política partidaria nos parece bastante preocupante”, dijo a AIM el ambientalista Leonardo Balassi.
“El 10 de junio se entregaron 17.200 firmas en la Junta Departamental luego de varias gestiones que se realizaron con la Secretaría. La Presidenta de la Junta Departamental más la principal plana legislativa del Gobierno Departamental estuvo presente con su escribano y abogado, también nosotros con los nuestros”, explicó Balassi a esta Agencia.
“Se entregaron esas papelestas y nos enteramos en un programa de streaming de un programa de Montevideo que uno de los Ministros de la Corte Electoral informó que el 15 de junio nuestras firmas habían llegado a Montevideo. Planteó que la Junta Departamental de Paysandú, junto con las 17.200 firmas había enviado una nota para que se corroborara si era de competencia departamental o nacional la iniciativa popular que llevamos adelante”.
Balassi explicó: “Está prácticamente resuelto eso, primero porque existen dos antecedentes vinculados a que la protección del ambiente y el territorio es de competencia departamental. Los dos ejemplos que tenemos más cercanos son que en 2013 la Junta Departamental de Lavalleja aprobó el decreto departamental de prohibición de producción industrial de la megaminería metalífera y la Junta Departamental de Tacuarembó resolvió prohibir la fractura hidráulica en todo el departamento”.
“Esos son los antecedentes que podrían relacionarse con el petitorio que estamos realizando: que se prohíba la producción de las mal llamadas plantas de hidrógeno verde, refinerías de metanol, sintéticos y toda industria que tenga como fin extractivo el agua y nuestro territorio”.
Además, señaló Balassi, “existe la Ley 18.308 de ordenamiento territorial y medio ambiente, que si solamente se respetara no tendríamos ningún tipo de problema ambiental en el Departamento. La misma plantea que es de competencia departamental la instalación de cualquier tipo de emprendimiento agrícola o industrial”.
“Después tenemos la Ley 9.515 orgánica municipal que plantea que es de competencia departamental la conservación de tierras que tengan importancia paisajística, que sean de conservación de la biodiversidad, lo que si lo llevamos a nuestra papeleta incluiría el tema de la reserva de las Islas del Queguay que ya fueron declaradas dentro del sistema nacional de áreas protegidas”.
Como si no fuera poco, resaltó Balassi, “la Ley 19.272 de descentralización y participación ciudadana asigna expresamente a los Gobiernos Departamentales los contenidos en materia de producción del ambiente y del desarrollo sustentable”.
“Nos preocupa muchísimo que la Junta Departamental de Paysandú y el Gobierno Departamental no conozcan sus competencias y que la Corte Electoral se ponga a realizar tareas que no le corresponden”.
Cuestionó además que el Ministro de la Corte, “planteó que se iban a tomar 15 días para analizar si la recolección de firmas nuestras entraban dentro de lo que fue la última circular de esta circular que nosotros creemos que es antidemocrática y que recorta el mecanismo de democracia directa participativa que fue la circular 8.221 de marzo de este año, la cual complejiza y obstaculiza la posibilidad de juntar firmas ya que plantea agregarle el dígito pulgar y que cada firma esté constituida en una sola papeleta, lo que encarecería muchísimo la recolección de firmas”.
Más allá del planteo antidemocrático de esta resolución que toma la Corte Electoral, “nuestra campaña se inició el 3 de mayo de 2025, con un lanzamiento público que está registrado el 7 de mayo de 2025, y esta resolución es de marzo de 2026 cuando nosotros ya habíamos llegado en diciembre a las 15 mil firmas y estábamos completando el colchón extra de 2.500 firmas más”.
“Nuestro abogado envió dos mails a la Corte Electoral para reunirnos con ellos para saber cómo va a ser la verificación de las firmas, fue personalmente, y no hemos tenido ninguna respuesta”.
“El silencio cómplice de la Corte Electoral viene paralelamente a lo que está siendo el trámite del acuerdo definitivo que está desarrollando el Gobierno con apoyo de la oposición mayoritaria y la multinacional HIF. Mientras se está llegando a un acuerdo definitivo entre HIF y el Gobierno, la Corte Electoral tiene secuestradas las firmas porque su tarea tendría que haber sido verificarlas y ponerse de acuerdo para que nuestros delegados fueran a corroborar esa verificación y ya pasaron 20 días”.
“Están en juego nuestras instituciones. Que la Corte Electoral no cumpla con sus funciones, atente contra la democracia directa y le haga los mandados a la política partidaria nos parece bastante preocupante”, remarcó Balassi.
“Hay sanduceros y sanduceras que no tienen ni idea en qué consiste el magaproyecto que se quiere instalar en nuestro Departamento. La gente que firmó las papeletas lo hizo para ir a votar en contra de que se instale esta planta. No sabemos si tiene licencia social lo que está impulsando este Gobierno nacional” con respecto a la instalación de HIF Global.