La constructora brasileña Odebrecht fue nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno decretó el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.

Las autoridades responsabilizaron al director de finanzas de la constructora brasileña, Gleiber José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Weyll. De Meneses Weyll declaró en Brasil que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Ningún funcionario mexicano pisó la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. La sanción de la SFP, un ministerio dependiente del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del Gobierno mexicano, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada, refiere Reforma. Además de la inhabilitación, Odebrecht deberá pagar una multa de 543,5 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares).

El contrato que mereció el castigo contemplaba la construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en el centro del país. El acuerdo fue adjudicado a Odebrecht el 12 de noviembre de 2015, unos tres meses antes de que Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto y el principal señalado en México por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña, dejara Pemex.

La SFP dijo que las obligaciones del contrato fueron cedidas a la empresa Construcción Internacional de México para "simular" el cumplimiento, otro de los cargos que se imputan a Odebrecht. La constructora brasileña ya había recibido otras dos inhabilitaciones en diciembre y febrero pasados por un contrato que se firmó en febrero de 2014. La anterior inhabilitación era por cuatro años.

El convenio de 2014 se celebró por 1.465 millones de pesos (unos 108 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) y obligaba a Odebrecht a acondicionar el sitio y construir plataformas en la misma refinería de Tula. La multinacional cobró trabajos ya previstos en el acuerdo como actividades extraordinarias y causó daños indirectos a Pemex por 119 millones de pesos (9 millones de dólares), según la prensa mexicana. Otro convenio, firmado a finales de ese año por 1.151 millones de pesos (85 millones de dólares), no supuso sanciones para la empresa brasileña.

Las investigaciones de la SFP son independientes a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional), encargada de fincar las responsabilidades penales sobre Odebrecht en México. "Donde se está celebrando un acto de corrupción hay dos partes (...) es una sanción incompleta", dijo este jueves Rafael Hernández, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática sobre la decisión de la SFP.

Lozoya ya había sido llamado a declarar ante la PGR después de que tres ex directivos de la constructora aseguraran que recibió sobornos entre 2012 y 2016. El ex director de Pemex ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y logró retrasar el proceso judicial en su contra con recursos presentados por su defensa.

El papel de la PGR en las investigaciones fue fuertemente cuestionado debido a que depende del Ejecutivo. Pese a que ya se aprobó una reforma constitucional que creaba una Fiscalía independiente y un nuevo sistema anticorrupción, las nuevas instituciones no comenzaron a funcionar porque no se han nombrado a sus titulares. El nombramiento de los fiscales independientes provocó el año pasado disputas políticas álgidas en el Legislativo mexicano, pero meses después el tema se diluyó de la agenda de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.