Dieciséis días después de que Thelma Fardín presentó una denuncia por violación contra Juan Darthés ante la Justicia de Nicaragua, la Fiscalía aún no formuló ninguna acusación contra el actor.
Las leyes en Nicaragua no establecen un tiempo entre que se presenta la denuncia y se formaliza la causa. Los especialistas aseguran que este tipo de delitos demoran un mínimo de dos a tres meses hasta que la fiscalía define si se realiza la imputación penal. Pero ese período se puede extender años. El contexto explosivo, de un país paralizado por la crisis política y social, no parece favorecer tampoco al avance veloz de la causa.
"La acusación por un delito se puede presentar hasta antes de que se venza el plazo de prescripción de la acción penal", explicó una fuente ligada al caso.
La Fiscalía informó el 12 de diciembre a través de una nota de prensa que se encuentra realizando las averiguaciones en conjunto con la Policía Nacional. Desde entonces, el hermetismo es total. Este miércoles remitieron a la comunicación emitida el 12.
Hasta la fecha no han realizado pericias en el hotel donde Fardín denunció que sucedió la violación, el Holiday Inn, ni solicitado información a sus responsables. Tampoco han citado a ninguno de lo miembros del elenco de Patito Feo ni a los involucrados en la producción del espectáculo en Managua.
Los actores se hospedaron en ese hotel por tres días durante su presentación de mayo de 2009. El 17 de ese mes, después del show en Galerías Santo Domingo, se registró la violación, según el relato de la actriz.
Fardín regresó a Managua a inicios de este diciembre y se presentó en la Fiscalía para formalizar la denuncia. Durante su estadía en Nicaragua le fueron realizadas las valoraciones físicas y psicológicas.
La actriz está siendo representada legalmente por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización con vasta experiencia y reconocimiento en el país que atraviesa momentos aciagos luego que lo despojaron de su personería jurídica y le ocuparon ilegalmente sus instalaciones al día siguiente de que Fardín hiciera público su denuncia.
"Ese caso está encarrilado (en proceso) y la joven (Thelma) sabe que cuenta con nosotros porque nos arrebataron las instalaciones, el edificio, pero no nuestra conciencia ni nuestra calidad de defensores. Ella cuenta con defensores acá en Nicaragua aunque no tengamos oficina", dijo Gonzalo Carrión, abogado del Cenidh.
La situación del Cenidh
El miércoles 12 de octubre, cuando en Argentina la opinión pública estaba impactada por la denuncia de Fardín, en Nicaragua el tema era opacado por la cancelación de las personerías jurídicas a dos organizaciones no gubernamentales críticas del gobierno de Ortega, entre ellas el Cenidh.
La noche del jueves 13 la policía irrumpió en las instalaciones del Centro sin presentar ningún documento oficial, amenazando al guarda de seguridad, y se llevó documentaciones y bienes, desde computadoras hasta vehículos. Un día después ocupó las instalaciones.
Este lunes, el Cenidh entregó al Ministerio de Gobernación una carta en la que rechaza "las arbitrariedades que ha cometido la Policía" y le hace saber "los delitos y contradicciones a la ley" registradas con el allanamiento y la ocupación ilegal.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, dijo este martes a los medios de comunicación que el Centro "está ocupado por fuerzas policiales y parapoliciales" y que actualmente están "preparando la defensa jurídica del Cenidh".
Estas actuaciones gubernamentales han sido condenadas por distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) y el Mercosur.
También están ocupadas las oficinas de otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Popol Na e Instituto de Liderazgo de las Segovias, a las que les quitaron la personería jurídica un día después que al Cenidh.
Paralelamente, la Policía ocupó ilegalmente las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, todos dirigidos por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro.
Un país convulsionado
La denuncia de Thelma se presenta en Nicaragua en un momento en que el tema es obviado en los medios debido a la crisis que atraviesa el país, pero también en una etapa adversa para las organizaciones feministas.
Una de sus más connotadas representantes fue expulsada del país y sus principales rostros han denunciado hostigamiento y amenazas. Ana Quiroz, quien adquirió la nacionalidad nicaragüense y tenía la costarricense, fue citada a las oficinas de Migración el 26 de noviembre, posteriormente la expulsaron del país, ubicándola en la frontera con Costa Rica, y también le quitaron la nacionalidad.
Las feministas han denunciado las violaciones a los derechos humanos en los últimos ocho meses y también el retroceso en materia de derechos de las mujeres desde que Daniel Ortega llegó al poder.
Las Comisarías de la Mujer y la Adolescencia, implementadas en Nicaragua desde finales de la década del 90, y que fungieron como modelo en la región, han ido desapareciendo desde 2009. Estas funcionaban en las delegaciones policiales y atendías a mujeres que denunciaban todo tipo de violencia. Sus funcionarios estaban capacitados en atención con enfoque de género.
"Una serie de reformas han echado por tierra un modelo integral contra la violencia de género que estaba orientado a las víctimas y que incluía protocolos de actuación en materia de violencia sexual", declaró Juanita Jiménez.