Instalaron un acampe para denunciar irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de leyes, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Comunidades indígenas de Jujuy continúan un acampe en el paraje Tanques, ubicado en la Puna, en resistencia a un rápido avance sobre territorio indígena de la empresa Minerales Australes SA. Las comunidades denuncian irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de las leyes que reconocen derechos a los pueblos originarios, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Los manifestantes también pidieron que el gobierno de Gerardo Morales revea el trazado de los límites territoriales que involucran a las comunidades Collanboy, El Toro y Quillaques, de la localidad de Susques, situada en el oeste de la provincia de Jujuy. Sostuvieron que no se señalaron correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, cuyos habitantes son los más perjudicados ante el avance minero.

Las recientes acciones de la empresa afectan principalmente al territorio de la familia de Asunciona Quispe, quien desde febrero viene resistiendo su instalación. En un video que circuló públicamente, la mujer del Pueblo Atacama aseguró que vive en ese lugar todo el año, y "ahora me lo han pasado un camino, una huella con máquina". "Yo no quiero eso. A mí me duele, yo vivo de mi hacienda, de mi campo", expresó.

Acto seguido mostró un portón realizado con restos de ramas y que colocó justo en medio del camino realizado. "Pido que no me lo abran. Que me respeten", precisó. El territorio afectado se encuentra a unos 40 kilómetros del pueblo de Susques, en el paraje Tanque Arroyo Seco de Aguadita.

El acampe se está realizando en la zona donde se instaló la minera. Los comuneros informaron que será por tiempo indeterminado hasta que obtengan una respuesta por parte del gobierno provincial.

La abogada de las comunidades, Claudia Pérez, relató ante Salta/12 que los primeros días de febrero los comuneros encontraron una instalación minera en la zona de Susques. Allí vieron que habían casillas, una torre colocada, camiones y diferentes maquinarias que suelen ser utilizadas para la extracción de agua y áridos. De inmediato realizaron una denuncia penal, el 22 de febrero, pero recién se le dio trámite el 12 de marzo, fecha en la que se inició el acampe.

Ese mismo día, y a raíz de la presentación penal, recibieron una notificación en la que se les informó que la Justicia había solicitado a la empresa la documentación pertinente. Con el correr de los días, se enteraron de que Minerales Australes sólo declaró que era una minera que se dedica a la extracción de litio y potasio. "Eso no quiere decir que sean sólo esos minerales", alertó la abogada.

De igual manera, si la empresa llegase a contar con algún tipo de documentación, las comunidades sostienen que no corresponde, pues no se respetó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que representa el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas. A modo de ejemplo, Pérez destacó el artículo 6, que establece la obligatoriedad de los estados parte a realizar la consulta previa, libre e informada y ordena "procedimientos apropiados" de consultas a las comunidades indígenas y "en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas" que afecten a estos pueblos.

La letrada aseguró que esto "no ha ocurrido". Recordó en el mismo sentido que en su artículo 75, inciso 17, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia y la posesión ancestral de los pueblos originarios presentes en todo el territorio argentino. "Los territorios de los pueblos no son enajenables y no se pueden hacer este tipo de concesiones, y menos de la explotación de litio que terminará causando una desertización de la tierra, además de la contaminación", sostuvo.

Pérez dijo que "la señora Quispe está desesperada al ver su territorio usurpado por una minera que actúa a diestra y siniestra, sin importarle el sufrimiento de ella". Y puso énfasis en las consecuencias ambientales que habría en caso de continuar con la explotación en el lugar, como la afectación a la libre circulación de los animales y la contaminación del agua para consumo humano.

En ese sentido, la presidenta de la comunidad de Collamboy, Silveria Luisa Quispe, relató que están muy preocupados sobre cómo el accionar de la minera puede afectar el suministro del agua. "Aquí la minera va a sacar el agua para litio", expresó, afirmando que con ello se les quitará el agua para su consumo. "Pero vamos a seguir defendiendo el territorio que nos dejaron nuestros ancestros", manifestó.

Por su parte, la abogada recordó que hay familias viviendo en la zona de explotación, con lo cual la situación se torna "desesperante" y aseguró que "lejos de cesar" la actividad "se encuentra respaldada por el Estado provincial".

Este medio consultó a la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, el órgano competente en este caso, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, las comunidades indicaron que la Secretaría ha instado a comuneros a que "envíen una nota donde indiquen que están de acuerdo en que se establezca la minera", contó Pérez.

En ese sentido, sostuvieron que la Secretaría no está haciendo cumplir las leyes que amparan a los pueblos originarios. A la problemática sumaron que el Ejecutivo provincial tampoco corrige el "error cometido en referencia de trazados de límites territoriales de tres comunidades: Collanboy, El Toro y Quillaques". Por eso, indicaron que el acampe también se sostendrá hasta que "las autoridades gubernamentales determinen correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, quienes son los más perjudicados ante el avance de la empresa minera".

El pedido de aclaración es porque, según pudieron saber, la empresa tiene en su poder un croquis del territorio indígena mal delimitado, lo que le permitiría tener que buscar el consentimiento de una sola comunidad, la del Toro.

Asimismo, cuestionaron el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya que según relató la abogada, desde hace dos años las comunidades están pidiendo que se les entregue la personería jurídica, y hasta el momento no sucede.

Detalló que el 13 de marzo volvieron a comunicarse con el Instituto, esta vez por lo de Minerales Australes, pero "hasta ahora no hubo ningún tipo de comunicación". Este medio consultó a sus autoridades, sin lograr una respuesta.

La letrada explicó que no pueden hacer otra presentación legal pues no cuentan con el acceso al expediente penal sobre la denuncia de la usurpación, y tampoco la Secretaría de Pueblos Indígenas les comunicó nada oficial.

Fuente: Página 12