El proceso que fue anunciado en la agenda de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no tiene fecha.
Solo un anuncio fue anteayer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) de realizar cuatro audiencias públicas, entre las cuales una es por la preservación del hábitat y la suspensión de la explotación productiva en las zonas de hábitat del yaguareté, que es la del Gran Chaco. Esta región incluye a Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Si bien se interpretó que la Corte Suprema actuó en este sentido como reacción ante los reclamos de democratización de la Justicia impulsados sobre todo por la parsimonia de sus integrantes en las causas por hechos de espionaje durante la presidencia de Mauricio Macri, para el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, “es muy importante que avance la causa”.
Giardini informó que la notificación de la audiencia fue recibida el viernes último “a última hora”, y aún se desconoce quiénes serán convocados, o si la instancia tendrá transmisión pública.
El amparo fue presentado por Greenpeace en 2019. Allí se describió el peligro de extinción del yaguareté ante la destrucción de los montes y bosques nativos de la zona del Gran Chaco, pese a los ordenamientos enmarcados en la ley nacional que los protege.
Hubo diversas presentaciones y pedidos a lo largo de los dos años, sobre todo porque los desmontes no cesaron ni siquiera durante la pandemia y el aislamiento social y preventivo obligatorio (Aspo) de 2020.
Incluso tras el amparo se solicitó una medida cautelar para prohibir los desmontes en las cuatro provincias demandadas hasta resolver la cuestión de fondo. La suspensión se solicitaba sobre todo en aquellas áreas recategorizadas. Pues había áreas que debían conservarse y por un decreto que tergiversó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Otbn), las zonas con necesidad de máxima protección fueron habilitadas para los desmontes.
Esto es lo que pasó en Salta con dos decretos que emitió el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2014. Y si bien durante la gestión de Mauricio Macri, desde la Nación se instó a la provincia a suspender las autorizaciones otorgadas bajo esa modalidad, antes de dejar el gobierno provincial, la gestión de Urtubey volvió a encontrar una salida para que las autorizaciones siguieran vigentes. Esa fue al menos la excusa del gobierno de Gustavo Sáenz para la continuidad de las deforestaciones en zonas recategorizadas.
“Los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques Nativos alcanzan, como mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires)”, indicó en su momento Greenpeace en el amparo presentado ante la Csjn. Entre las fincas que habían sido beneficiadas con la recategorización están las pertenecientes a la familia Macri y amigos, como Alejandro Braun Peña.
En el pedido de la cautelar también se solicita la “suspensión de cualquier autorización de actividad ganadera intensiva, incluyendo el ‘manejo silvopastoril’ y ‘Manejo de Bosques con Ganadería Integrada’ en zonas Categoría I (roja) y Categoría II (amarilla) en las provincias demandadas, exceptuadas de esta suspensión la pequeña ganadería realizada por pequeños productores rurales e indígenas en la Categoría II – Amarillo”. También se había pedido prohibir nuevas recategorizaciones que impliquen un retroceso ambiental, y el desmonte en los corredores biológicos de conservación, prohibiéndose allí toda deforestación, fragmentación y degradación para permitir el normal desarrollo de la vida de los últimos menos de 20 ejemplares de yaguaretés del Gran Chaco argentino.
El último informe de Greenpeace respecto de los desmontes detectados mediante imágenes satelitales, indica que Salta deforestó en 2021 10.657 hectáreas, convirtiéndose en la que menos deforestó ese año entre las cuatro provincias demandadas en el amparo.
“Desde la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, la provincia realiza un trabajo permanente, mancomunado y consecuente para honrar la sustentabilidad ambiental”, dijo este jueves ante la novedad el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Ahora queda por conocer la postura que llevará la provincia junto al funcionario PRO que también representó en su momento a la Federación de Entidades Rurales de Salta. Y es que en la provincia entre 2020 y el año pasado se convocó a audiencias públicas para el desmonte de 28 mil hectáreas.
Fuente: Página 12