Referentes de comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en Tartagal, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 los desmontes que se realizan en zonas rurales y solicitaron su cese urgente, luego de no obtener respuestas de la Secretaría de Ambiente provincial.
Las comunidades habían advertido a comienzos de agosto sobre movimientos de topadoras. También solicitaron información sobre los supuestos permisos otorgados a Martín Morales y a la empresa DesdelSur, pero afirmaron no haber recibido documentación oficial.
Pobladores de la zona registraron máquinas y grandes cadenas utilizadas para arrastrar y eliminar vegetación. Según los denunciantes, estas tareas afectan también a la fauna y generan polvo y fuertes ruidos cerca de las comunidades.
La denuncia fue presentada por referentes indígenas, entre ellos integrantes de la comunidad wichí Lapacho 2, con representación de la abogada Cecilia Jezieniecky. Las actividades señaladas se desarrollan en Pozo Nuevo, Finca Tonono y Finca Alcoba, y afectarían a las comunidades de Arenales, Alcoba, Cañitas, Tonono y Pacará.
Los denunciantes sostienen que las tareas serían ilegales porque se realizan sobre bosque nativo de categoría amarilla, donde el desmonte no está permitido. También advirtieron que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial contempla áreas de producción y conservación (APC) cuya categoría puede modificarse según el porcentaje de intervención autorizado.
En la presentación afirmaron que el bosque tiene un alto valor ambiental y cultural y que su transformación para actividades ganaderas pone en riesgo a las comunidades, el ambiente y la salud. Por eso pidieron detener las tareas hasta que se realice un proceso de consulta libre, previa e informada.
Según imágenes satelitales aportadas por Greenpeace a Página 12, en apenas cinco días se habrían desmontado al menos 200 hectáreas en la zona.
La nota recuerda además un antecedente ocurrido hace 14 años en Cuchuy, donde denuncias indígenas inicialmente desestimadas por las autoridades derivaron luego en la comprobación de un desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas. El caso involucró a los hermanos José y Darío Karlen y continúa en disputa judicial, con una multa que actualmente supera los 21.000 millones de pesos.
Fuente: Página 12