En los primeros meses de 2026, la escalada de la mora en créditos al consumo y tarjetas llevó a que distintas provincias argentinas desplegaran programas destinados a aliviar la situación financiera de las familias más afectadas. Estas iniciativas buscan facilitar la regularización de deudas mediante refinanciaciones a tasas subsidiadas, plazos extendidos y mecanismos de consolidación de compromisos.

La última en sumarse fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Esta semana, la Legislatura porteña aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, un plan para refinanciar las deudas bancarias en mora por préstamos personales y tarjetas de crédito

Los préstamos otorgados a través de este programa solo podrán utilizarse para saldar deudas existentes con el Banco Ciudad o con cualquier “entidad bancaria regulada por el Bcra”. Quedan fuera de esta posibilidad las deudas contraídas con billeteras virtuales o entidades financieras que no están bajo supervisión bancaria, una restricción relevante considerando el incremento de la mora en ese sector.

Las líneas de crédito para refinanciación estipulan una tasa nominal anual fija máxima del 35 por ciento y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales. Se trata de los parámetros mínimos, por lo que cada banco tiene la opción de ofrecer condiciones más favorables.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, habrá un período de 60 días disponible para tramitar la solicitud de estos préstamos.

A fines de abril, Santa Fe lanzó el Plan de Protección de los Ingresos destinado a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos que no pueden pagar.

Corrientes implementó el programa “Corrientes Sostiene”, una iniciativa gubernamental que destina más de 130.000 millones de pesos para ayudar a familias con deudas en tarjetas. El esquema permite refinanciar esos compromisos en 6 o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales en comparación con las condiciones habituales. El alcance del plan se estima en unos 89.000 beneficiarios.

En Misiones, la administración de Hugo Passalaqua extendió un programa en colaboración con el Banco Macro, que otorga condiciones especiales para refinanciar deudas en tarjetas y préstamos. Las tasas de interés están bonificadas y el acceso está previsto para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados que presenten mora.
En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) lanzó una propuesta que permite a los clientes, tanto empleados estatales como privados que perciben sus salarios en la entidad, consolidar todas sus deudas en un solo pago mensual. El plan contempla tasas anuales que varían entre el 45 y el 70 por ciento, dependiendo del plazo elegido, que puede extenderse hasta 60 meses.

Proyectos de desendeudamiento
Mendoza avanza en el análisis de un proyecto legislativo presentado por el senador Mauricio Sat para implementar el “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”. La propuesta contempla entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y está orientada a familias con ingresos que no superen los 10 salarios mínimos.

En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsa el proyecto PL014/2026, destinado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut. El objetivo es ofrecer créditos de refinanciación con tasas subsidiadas, respaldados por un fondo de garantía para facilitar el acceso a quienes lo necesiten.

Otros distritos, como La Rioja, estudian la implementación de planes para asistir a las familias que se encuentran en una situación de mora. A nivel país, esa cifra se elevó a 12 por ciento, pese a que fuentes bancarias aseguran que se habría estabilizado en los últimos meses.

En paralelo, el Congreso nacional mantiene en agenda diferentes iniciativas sobre desendeudamiento familiar, impulsadas por bloques como el peronismo, Provincias Unidas, Coherencia y el PRO. El tratamiento de estos planes responde a la preocupación política por el incremento del endeudamiento de los hogares y refleja los matices entre las estrategias provinciales y la posición del gobierno nacional.