El Gobierno nacional avanza en una nueva fase del llamado “plan motosierra”, una estrategia que la Casa Rosada insiste en presentar como un “achicamiento del Estado”, pero que en los hechos ya dejó casi 60 mil familias sin ingresos y se prepara para profundizar aún más el recorte sobre quienes sostienen diariamente los servicios públicos.

Detrás del discurso de la “eficiencia”, el presidente Javier Milei ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una poda masiva que se anunciaría en las próximas semanas. Se trata de un ajuste que —admiten puertas adentro— alcanzaría a otro 10 por ciento del total del empleo público nacional en 2026. Traducido en nombres: miles de trabajadores y trabajadoras más en riesgo de despido.

Según reconocen en Casa Rosada, el criterio es simple y brutal: “en cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”. La decisión política está tomada, aunque el Gobierno evita anticipar números porque sabe que se trata de un “tema sensible”. Pero no por sensibilidad humana, sino por la resistencia sindical y social que provoca cada nueva tanda de cesantías.

Hasta ahora, la poda se concentró en ministerios y administración centralizada. En esta etapa, el blanco son organismos estratégicos para la producción científica, tecnológica, sanitaria y estadística del país: Afip, Anmat, Anses, Indec, Conicet, Inta, Inti, Enargas, Enacom, Archivo General, entre muchos otros. Áreas que requieren justamente más personal y capacidades, no menos, para garantizar servicios esenciales, controles y derechos ciudadanos.

El propio Sturzenegger difunde mensualmente, desde sus redes sociales, su “parte de bajas”, alardeando con frialdad sobre las vidas que quedan a la deriva. Los datos oficiales señalan que 58.797 personas ya fueron apartadas desde el inicio de la gestión. Un número que no incluye el impacto arrasador que tendrán los contratos que no se renovarán en diciembre, ni los recortes que derivarán del cierre de registros automotores o de las privatizaciones en carpeta.

Mientras el Gobierno presume del ajuste ante figuras de la derecha global —como Elon Musk, a quien Milei le regaló una motosierra dorada—, los indicadores sociales siguen deteriorándose, el mercado laboral no genera nuevos puestos y las cuentas públicas continúan sin mostrar la mejora prometida.

Lejos de moderarse tras el rechazo social que inspiraba su símbolo de campaña, la motosierra volvió al centro de escena, ahora potenciada por la victoria legislativa del oficialismo, que interpreta como un cheque en blanco para seguir avanzando contra el empleo público. Con Adorni al mando de la gestión diaria, la orden es clara: más velocidad, más despidos, más ajuste.

El cierre no se detiene ahí. Los Medios Públicos también están en la mira: el Ejecutivo diseña planes de retiro voluntario para reducir las plantas de la Televisión Pública y Radio Nacional. Es decir, menos producción de contenidos federales y más concentración informativa.

El Gobierno repite que busca un Estado “más eficiente”. Pero la eficiencia no se mide por la cantidad de despidos, sino por la capacidad de garantizar derechos. Las próximas semanas dirán si la motosierra, convertida en fetiche del poder, sigue cortando servicios y oportunidades para quienes trabajan —o si finalmente la sociedad pone un límite antes de que el ajuste llegue demasiado lejos.