Salud mental: crecen los suicidios mientras avanza una reforma de la ley y persisten los reclamos por presupuesto
El aumento de los suicidios, las internaciones y las consultas por salud mental encendió las alarmas en todo el país. En paralelo, el Senado debate cambios en la legislación vigente para facilitar internaciones involuntarias.

La salud mental atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en Argentina. Según datos oficiales, la tasa de suicidios aumentó un 21,6 por ciento durante 2025, mientras que los intentos de suicidio crecieron un 44 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros meses de 2026. A este escenario se suma un incremento sostenido de las consultas, internaciones y consumo de psicofármacos, en medio de cuestionamientos por la baja ejecución presupuestaria destinada al área.

El Senado analiza actualmente un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, con el objetivo de facilitar tratamientos e internaciones involuntarias en casos considerados de riesgo grave para la persona o terceros. La iniciativa ya comenzó a debatirse en comisiones y podría obtener media sanción en los próximos días.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. Durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, equivalente a una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes. La cifra representa un incremento del 21,6 por ciento respecto del año anterior y consolida una tendencia ascendente que se mantiene desde 2020.

En la Ciudad de Buenos Aires, entre enero y mayo de este año se notificaron 206 intentos de suicidio, frente a los 143 registrados en el mismo período de 2025. Las autoridades sanitarias señalaron que la mayor prevalencia se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente mujeres, y que los factores más frecuentes incluyen trastornos de salud mental, antecedentes de intentos previos y consumos problemáticos.

El crecimiento de la demanda también se refleja en los sistemas de salud. En territorio bonaerense, las internaciones vinculadas a salud mental en menores de 18 años aumentaron un 22,8 por ciento en los últimos dos años y casi se duplicaron respecto de 2019. A nivel nacional, distintos informes advierten que las internaciones por motivos de salud mental crecieron en promedio un 77 por ciento entre 2019 y 2025.

Especialistas y funcionarios coinciden en que se trata de una problemática multicausal, vinculada a factores sociales, económicos, familiares y culturales. Entre los elementos señalados aparecen la precarización laboral, la inseguridad habitacional, los consumos problemáticos, las experiencias traumáticas y los efectos persistentes de la pandemia sobre niños, adolescentes y adultos mayores.

La discusión por la ley

La reforma impulsada por el Gobierno propone reemplazar el concepto de "padecimiento mental" por el de "afección o trastorno de salud mental", reincorpora un rol central para los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios y modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias.

Uno de los principales cambios es que ya no sería necesario demostrar un "riesgo cierto e inminente" para autorizar una internación sin consentimiento, sino acreditar una situación de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, considerando además antecedentes y posibles evoluciones del cuadro clínico.

El proyecto también habilita expresamente internaciones en hospitales especializados e instituciones psiquiátricas, una cuestión que había sido restringida por la normativa vigente.

Presupuesto bajo la lupa

Mientras avanza el debate legislativo, distintos sectores advierten que cualquier reforma resultará insuficiente sin mayores recursos. La ley actual establece que al menos el 10 por ciento del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, pero ese objetivo sólo se alcanzó en 2023. Según los datos relevados, durante 2025 el área recibió apenas el 1,68 por ciento del presupuesto sanitario y para 2026 tiene asignado el 1,65 por ciento.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que la creciente demanda de atención, el aumento de los casos complejos y la presión sobre hospitales y servicios especializados exponen la necesidad de fortalecer tanto la infraestructura sanitaria como las políticas de prevención, acompañamiento comunitario y acceso oportuno a tratamientos.