El Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre) sumó a la tarifa eléctrica entrerriana un canon en dólares para repagar una obra que funciona desde 2016. No es un costo del servicio, es un tributo que nadie votó, y el regulador que debía frenarlo lo convalidó. Por: Alejandro Di Palma, Roberto Domingo, Rubén Pagliotto y equipo.

Hay decisiones que se esconden en el lenguaje técnico justamente porque no resistirían el lenguaje común. La Resolución 88/26 del Ente Provincial Regulador de la Energía incorpora al cuadro tarifario eléctrico un “canon” de 323.046,95 dólares por mes, ajustado al tipo de cambio, que el usuario entrerriano pagará todos los meses hasta agosto de 2044. dicho en criollo, durante los próximos dieciocho años, una parte de cada factura de que no es costo de generación, ni transporte, ni distribución, será pagado por los usuarios y consumidores del servicio público.

Conviene entender qué se está cobrando. El “canon” corresponde a la Estación Transformadora 500/132 kV “Gran Paraná”, una obra real, necesaria y, sí, estratégica para el sistema eléctrico provincial. pero no es una obra futura ni en construcción, está en servicio desde 2016, se financió en su momento con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su repago quedó fijado en resoluciones del Enre de 2009 y 2012. lo que la res Epre 88/26 presenta como “incorporación de costos asociados a la construcción” es, en rigor, el traslado a la boleta, del repago de una deuda que la provincia contrajo hace más de quince años, por un activo que ya opera hace una década, una acción de dudosa legitimidad.

Esta diferencia que presentamos a continuación no es semántica. Una tarifa eléctrica es un precio que remunera el costo de prestarte el servicio hoy, y su legitimidad descansa en reflejar costos y prestación eficiente del servicio. Un impuesto es otra cosa, es una contribución obligatoria que el Estado te exige para financiar el gasto público, y que solo es legítima si la crea una ley, se discute en un presupuesto y alguien responde por ella.

El canon gran Paraná no remunera el costo de distribuir energía en 2026; amortiza una decisión de inversión y endeudamiento del pasado. funciona como un impuesto, pero se cobra como una tarifa. y ahí está el truco, al disfrazarse de cargo tarifario, esquiva los controles de los dos regímenes. no se discute en la legislatura, como correspondería a un tributo (en la argentina rige el principio de que no hay impuesto sin ley); y tampoco se somete a la lógica de costos de una tarifa, porque no es un costo del servicio. cae en una tierra de nadie donde no se rinden cuentas.

El problema se agrava cuando se mira quién decidió, quién se benefició y quién paga. La obra la resolvieron y la endeudaron gestiones provinciales de hace más de una década; el costo político de aquel endeudamiento se difirió, se despolitizó, y reaparece ahora como una línea “técnica” en la factura. El que paga es el usuario cautivo de hoy y de los próximos dieciocho años, alguien que no decidió la obra, no puede elegir otro proveedor y no fue consultado. la cuenta se le gira a quien no tiene ni voz, ni salida.

Y acá aparece el punto institucional más serio.

El Epre existe para ser contrapeso, para defender la lógica de costos de la tarifa frente a dos tentaciones permanentes, la del distribuidor que busca renta y la del poder político que busca usar la tarifa como caja.

En este caso, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Provincia solicitaron la incorporación del “canon”, y el ente “hizo lugar” a la solicitud.

El regulador dejó de arbitrar y pasó a ser correa de transmisión de una decisión de financiamiento del ejecutivo. su independencia quedó, una vez más, en lo formal.

Lo grave no es solo el canon, es el precedente. una vez que la tarifa queda habilitada como vehículo para financiar obligaciones que no son del propio servicio, la puerta queda abierta para estacionar ahí cualquier deuda, déficit u obra futura. la boleta se transforma en un presupuesto paralelo, pero sin las molestias del presupuesto formal, es decir, sin debate, sin votación, sin control. No hay que imaginar el desenlace, la Nación ya recorrió ese camino con los cargos específicos y los fondos fiduciarios de infraestructura energética creados a mediados de los 2000, que terminaron siendo sinónimo de caja opaca y de litigios sobre su verdadera naturaleza tributaria.

Entre Ríos está reproduciendo, en escala provincial, un mecanismo que, en escala nacional, ya mostró en qué deriva.

Hay, además, un detalle que el encuadre oficial pasa por alto. El “canon” está en dólares y se ajusta al tipo de cambio. La “protección” que el propio Epre exhibe (el tope al Valor Agregado de Distribución por el índice salarial del Indec) está en pesos y atada a salarios. La asimetría es total, si el peso se deprecia, el canon en pesos sube solo, sin pedirle permiso a ningún índice salarial. A la cotización oficial de comienzos de junio, esos 323 mil dólares mensuales equivalen a unos 460 millones de pesos por mes; más de 5.500 millones de pesos al año, y subiendo. Sobre el total del período, el usuario entrerriano repagará alrededor de 71 millones de dólares por una obra cuya inversión nominal rondó los 54 millones. Vende riesgo cambiario por dos décadas y lo paga en cuotas.

Conviene anticipar la defensa: dirán que la obra beneficia a esos mismos usuarios y que es justo que la paguen. Concedamos la premisa (el financiamiento por beneficiario es legítimo en principio) y desarmemos la conclusión. Aun aceptando que el usuario pague, eso exige transparencia, de modo tal que quedan flotando las siguientes dudas: 1-cuál fue el costo, 2-cuánto se amortizó ya entre 2016 y 2026, 3-qué tasa de financiamiento está implícita y qué aporta Santa Fe, que iba a pagarle a Entre Ríos un canon “bastante importante” por usar la línea como respaldo, según anunció en su momento la propia provincia.

Nada de eso figura. Y el argumento del beneficiario no justifica ni la dolarización ni la fuga del control legislativo, una obra pagada por sus beneficiarios puede financiarse igual con un cargo transparente, en pesos y autorizado por Ley.

El reclamo, entonces, no es que la obra no se pague. Es que se pague como lo que es. Si la provincia decidió que el usuario cargue con el repago de Gran Paraná, que lo diga con todas las letras, por ley, discutido en la Legislatura, en pesos, con cronograma público y con el canon de Santa Fe a la vista.

Lo que no puede, es seguir cobrándose un impuesto por la ventanilla de un precio, con la firma de un Ente Regulador que debía ser el primero en impedirlo.