La crisis desarrollada a partir de la información de la posibilidad de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en el ministerio de Salud de Nación provocó que, durante la semana, se hicieran públicos listados con numerosas personas allegadas al poder que habían accedido a la inmunización a expensas de ello. En un contexto de escasez, “con lotes de vacunas llegando a nuestro país de manera discontinua y conociendo lo dificultoso de la situación a nivel mundial, resulta inadmisible lo sucedido”, alertaron a AIM desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).

Según pudo saber AIM, la organización expresó en declaración pública su repudio y su preocupación en relación al evento, remarcando que “aún hay numerosos trabajadores sin protección y que aún se está lejos de la vacunación universal, sin apegarnos tampoco a quienes gobernaron anteriormente y ahora intentan aprovecharse de esta situación”.

“Venimos observando que, pese a algunas dificultades operativas y atrasos, en el nivel hospitalario público provincial se viene llevando adelante el plan previsto. En las últimas reuniones del Comité de Crisis central – que volvió a suspenderse por segunda semana consecutiva -, habíamos planteado el involucramiento de los trabajadoros a través de los comités locales en el seguimiento general en los establecimientos, lo que en algunos lugares ha contribuido a su mejor implementación. No viene ocurriendo lo mismo en el ámbito municipal, en particular en el Primer Nivel de Atención, ni en el estamento privado, donde todavía falta vacunar a un número importante del personal”, subrayaron.

En ese sentido, desde Cicop, señalaron: “Creemos que hay que dinamizar el programa de inmunización contra el Coronavirus para que en forma perentoria se complete la totalidad de las aplicaciones en el sector Salud. A la vez, dar continuidad al plan con los grupos prioritarios, principalmente los trabajadores esenciales, docentes y personas de mayor edad. Es imprescindible respetar los turnos asignados, con el objeto de llevar a cabo el principio de solidaridad, indispensable en el marco de una pandemia que está muy lejos de haber terminado. Debiera ser el primer escalón hacia la vacunación universal de toda la población”.

Por ello, “la producción pública y la liberación de patentes para que las vacunas sean un bien social y no un negocio de las multinacionales farmacéuticas son necesidades imperiosas”.