Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable para un proyecto que promueve atender la situación de los tomadores de créditos UVA.

El mismo plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30 por ciento de los ingresos de los deudores.

La iniciativa acordada entre el FDT, Provincias Unidas, Interbloque Federal y la UCR cosechó 31 firmas en Presupuesto y 19 en Finanzas con 10 disidencias parciales, en su mayoría pertenecientes a los legisladores radicales.

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz anticipó que presentará un dictamen de minoría en rechazo a la inclusión de un Fondo Compensador.

De todos modos, el proyecto cosechó un nivel de respaldo mayoritario, lo cual le asegura su sanción cuando la iniciativa se debata en la primera sesión que se realice en la Cámara de Diputados.

La decisión se adoptó en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (Frente de Todos), que debatieron un dictamen consensuado basado en los 11 proyectos presentados por diputados de diferentes bancadas.

Al iniciar la reunión, Aparicio recordó que se escucharon "distintas posiciones de tomadores de créditos, de los bancos para arribar a consensos que permitan una solución posible para llevar alivio a las familias de los tomadores de crédito".

El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente, un sistema de cobertura mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste por un índice actualizable por Ripte (salarios).

En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

Por otra parte, el proyecto establece la suspensión de juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas, construidas o ampliadas por un año.