La Cámara baja inicia su primera sesión del año con el tratamiento de dos proyectos clave para el oficialismo: la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con la Unión Europea. El oficialismo confía en avanzar hoy con media sanción en ambas iniciativas, supo AIM.

Desde las once se desarrolla la sesión en Diputados con el objetivo de debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil y el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, dos propuestas que forman parte de la agenda prioritaria del Gobierno en el inicio del período legislativo. Según información a la que accedió AIM, el oficialismo aspira a reunir los votos necesarios para obtener media sanción y consolidar el respaldo parlamentario.

El proyecto sobre responsabilidad penal juvenil propone reducir la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años e incorpora medidas educativas, recreativas y de contención, además de controles periódicos sobre la evolución de los adolescentes. También establece penas máximas de hasta quince años y la posibilidad de acceder a la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena.

La iniciativa obtuvo dictamen con el respaldo de bloques oficialistas y aliados, mientras que sectores opositores presentaron propuestas alternativas, algunas para sostener el régimen vigente y otras para rechazar la modificación. Fuentes consultadas por este medio señalaron que el debate expone diferencias políticas y jurídicas en torno al enfoque punitivo y a las herramientas de prevención.

En paralelo, la Cámara analiza el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un documento de tres mil treinta y nueve páginas que busca reducir barreras arancelarias, promover inversiones y fortalecer la integración en cadenas globales de valor. Informaron a AIM que el proyecto cuenta con apoyo de distintos bloques y es considerado estratégico para la política exterior y económica del Gobierno.

El dictamen del Régimen Penal Juvenil incorpora una partida presupuestaria de 23.739.155.303 pesos para su implementación. De ese total, más de 20.000 millones pesos se destinarían a la Defensoría General de la Nación y más de 3.000 millones pesos al Ministerio de Justicia para el seguimiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Asimismo, el esquema prevé acuerdos de cooperación entre la Nación y las provincias para infraestructura, alojamiento y programas de asistencia, con el objetivo de cumplir los estándares previstos por la normativa. Según supo AIM, el oficialismo considera que el respaldo presupuestario es clave para garantizar la viabilidad del sistema.

La sesión se desarrolla en un clima de fuerte disputa política, con negociaciones en curso y expectativas sobre el resultado de la votación, que marcará el rumbo de dos iniciativas centrales para la agenda legislativa del Gobierno.