La Cámara de Diputados aprobó con fuerza de Ley la emergencia financiera en obras y servicios públicos, registró AIM. El peronismo votó a favor, pero consideró que no es necesaria la norma, ya que se acordó con la mayoría de las empresas, el monto sobre el total del presupuesto no pone en riesgo las cuentas del Estado provincial y los acuerdos podrían representar mayores gastos a las arcas públicas.
El oficialismo logró hoy, en la segunda sesión especial del 145 Período Legislativo, tratar sobre tablas y dar sanción definitiva a la emergencia pública, económica y financiera de obras y servicios públicos. El texto quedó a disposición del gobernador, Rogelio Frigerio, para su promulgación.
La defensa del proyecto en revisión la realizó el presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), quien explicó: “A pesar de la buena voluntad que tienen las empresas, porque realmente quieren seguir trabajando, decidieron, muchas de ellas, ejercer su derecho y acudieron a la vía judicial. Por lo que en el día de hoy tenemos 148 juicios al Estado: 99 son de carácter moritorio y 49 son contenciosos administrativos. La mayoría se generaron entre enero y febrero de este año”.
Ante ese escenario, dijo que es trascendental “brindar la herramienta financiera que, en primer lugar, pone de pie de igualdad a todos los acreedores del Estado y permite también consolidar la deuda y lograr una verdadera planificación en lo que resta del año”.
“Es imposible planificar en qué vamos a gastar, qué sobra vamos a hacer, si no sabemos realmente cuánto es lo que vamos a pagar, en qué tiempo lo vamos a pagar, y sobre todo si tenemos embargadas las cuentas del Estado, lo cual no solamente afecta a la obra pública sino que también a todo el desarrollo, el normal desarrollo de toda la administración. Esta herramienta le va a permitir al Ejecutivo reorganizar, readecuar, refinanciar y sobre todo rediscutir la deuda con los proveedores”, dijo el legislador.
“No es necesaria una Ley de emergencia en obra pública”
Por su parte, desde el bloque Unión por la Patria - Más para Entre Ríos acompañaron el proyecto pero aclararon que no es necesaria la Ley ya que realizaron cinco consideraciones: que se tienen que reclamar los recursos a nivel nacional; que se acordó con la mayoría de las empresas; que el monto sobre el total del presupuesto no pone en riesgo las cuentas del Estado provincial; que los acuerdos a los que se podrían llegar podrían superar los montos fijados actualmente por la Ley de obra pública; y que hay un doble discurso de ordenamiento de las cuentas públicas por parte del Ejecutivo.
Precisamente, fue el diputado Juan José Bahillo quien señaló: “Partimos una realidad que hay 167 obras en ejecución, eso es lo que viene del gobierno anterior, esas 167 obras en ejecución se resumen en 37 empresas, de las que 24 ya habían resuelto la cuestión contractual. Es decir, que el tema ya estaba encaminado, ya lo están solucionando. Nosotros celebramos que eso se resuelva donde se tiene que resolver, que es en el ámbito del Poder Ejecutivo, y esta Legislatura tiene que acompañar y tiene que ayudar, es otro tema, pero siempre es bueno y es sano que se resuelva entre las partes originarias que es el ejecutivo por las empresas. Quedan 13 empresas por resolver la cuestión contractual: seis se judicializaron, por lo cual esto ya está en términos judiciales, esto escapa a las empresas, escapa al Poder Ejecutivo, ya hay un tercero que es el Poder Judicial, con todo el respeto que me merece el poder judicial, pero hay que ser respetuosos y esperar que resuelva en este sentido. Quedan siete empresas por conveniar. Por lo cual, si nosotros hacemos estos números, claramente, vemos que no es necesario una Ley de emergencia en materia de obra pública. Están quedando nada más que siete empresas para conveniar”.
Por su parte, la presidenta del bloque, Laura Stratta, indicó que preocupa “la unilateralidad para la revisión y recesión de los contratos que puede llegar a generar más intereses, pagos y judicialización; y, por otro lado, el daño emergente, que en algunos casos podría llegar a un reconocimiento mayor al contmplado en la obra pública; no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad”.
Sin embargo, la legisladora aseguró: “Somos una oposición constructiva y que lo seamos no quiere decir que no podamos plantear las disidencias, porque en la construcción democrática nos encontramos quienes pensamos iguales y distintos, por lo que hay que trabajar mucho para llegar a las mejores Leyes”.