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Política
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La continuidad esencial de las políticas públicas

Hablamos de macri-fernandismo porque entendemos que existe una continuidad esencial de los grandes lineamientos políticos de la gestión de Alberto Fernández en relación a las políticas de su predecesor Mauricio Macri. Por Luis Lafferriere (*)  

Lafferriere:
Lafferriere: "Existe una continuidad esencial de los grandes lineamientos políticos de la gestión de Alberto Fernández en relación a las políticas de su predecesor Mauricio Macri".

Esta conclusión surge si analizamos la marcha de la economía y de las políticas nacionales en la Argentina de los últimos años, desde la perspectiva de los grandes problemas actuales y de las cuestiones estructurales del modelo económico social vigente, con una mirada que intenta comprender los fenómenos en profundidad y de no quedarse meramente en la superficie de los temas, o en los relatos fantásticos de los principales protagonistas políticos.

Veremos así que la famosa ‘grieta’ que divide falsamente a gran parte de los argentinos, es una creación artificial que sirve para desviar la atención de las cuestiones claves y garantizar la continuidad y la alternancia de quienes gestionan el Estado al servicio de los más poderosos.

En ese sentido, el análisis de la realidad nos mostrará que, más allá de las supuestas diferencias de discurso, se mantienen lineamientos comunes en la gestión del actual gobierno nacional respecto de sus predecesores, lo que indica que estamos frente a verdaderas ‘políticas de Estado’, que no se modifican pese a los cambios de nombres y de partidos que ocupan la titularidad del poder ejecutivo.

Ejemplos de esa continuidad esencial podemos encontrar en los anuncios y medidas respecto de la matriz de producción-destrucción que caracteriza el modelo neocolonial extractivista y depredador, asentado en sectores supuestamente ‘competitivos’ como los agronegocios, la megaminería o los hidrocarburos (sectores que destruyen, contaminan y no son sustentables ni siquiera en un futuro cercano). No sólo que los presidentes no discuten ni cuestionan esas actividades, sino que las promueven con medidas que les otorgan beneficios y privilegios irracionales a las corporaciones que las llevan adelante. Nadie podría encontrar diferencias entre Macri y Fernández en este terreno.

También se puede ver una política común de sumisión permanente hacia los acreedores externos, usureros insaciables que vienen saqueando al país desde la última dictadura militar, y que han cobrado por una deuda ilegítima y fraudulenta cifras siderales, donde los gobiernos nacionales reconocen y pagan sin siquiera auditar o investigar el origen de ese fraude.

En este tema Macri pagó religiosamente a los fondos buitres y endeudó a la Argentina por más de ciento veinte mil millones de dólares, pero esos dólares no se usaron para mejorar la economía o las condiciones sociales de la población, sino para abastecer la fuga de capitales de los usureros depredadores. Ahora Fernández define como la prioridad de su gobierno cumplir con el pago de la deuda pública, sin hacer ningún cuestionamiento de su origen y destino, ni de las responsabilidades de los que generaron ese enorme fraude (y prioridad significa que no hay nada más importante para el nuevo gobierno que garantizar el pago a los usureros, sin importar a qué costo deba hacerlo).

Se puede ver continuidad también en la cuestión previsional, otro tema de vital importancia para un sector cada vez más numeroso y vulnerable de la población, que viene sufriendo la pérdida de sus ingresos ante un proceso inflacionario que no les da tregua. En este tema, la modificación del año 2017 de la fórmula de ajuste en la ley vigente, que les generó a los jubilados una pérdida de parte de sus haberes, se continúa con la reciente sanción de la ley de emergencia, que congela por seis meses ese ajuste automático y deja librados los posibles aumentos al arbitrio del ejecutivo, poniendo peligrosamente en riesgo la propia existencia del régimen previsional de reparto.

La inflación y los salarios en una eterna agonía

Veamos ahora qué sucede con precios y salarios, temas de vital importancia no sólo para los trabajadores sino para toda la población. Hablamos de la inflación, como un proceso donde se produce una suba generalizada y sostenida de los precios de los bienes y servicios de una economía, pero con una característica adicional: las variaciones de los precios suceden con cambios relativos, donde unos suben más que otros, y algunos ni siquiera suben (en otras palabras, unos ganan y otros pierden).

Eso significa que el mecanismo de los precios define cómo se distribuye primariamente el ingreso en la sociedad capitalista: todos los que tengan algo para vender lo llevan al mercado (bienes, servicios o fuerza de trabajo), y según el precio que logren por su venta será ese el ingreso que reciben, la parte de la gran torta que les corresponderá de la distribución social. Pero el precio que surja en el mercado no será el resultado de una supuesta puja igualitaria entre oferta y demanda, sino que dependerá de las condiciones concretas de cómo funcione cada mercado y del poder de los actores intervinientes.

Por lo tanto, en nuestra sociedad los que definen en última instancia cómo se distribuye el ingreso son los que dominan los mercados, y la estructura de los mismos en la Argentina indica el predominio absoluto de empresas monopólicas (una sola) u oligopólicas (unas pocas) que imponen las condiciones del intercambio, que será obviamente en su propio beneficio.

Existe también un Estado que puede intervenir regulando el mercado y buscando modificar las condiciones de esa distribución. Supuestamente el Estado cuando interviene lo hace en beneficio de la parte más débil y vulnerable, para evitar los abusos del poder dominante; pero en la realidad la intervención puede no existir (convalidando así las desigualdades del mercado), o incluso puede intervenir en beneficio de los más fuertes y concentrados (profundizando más aun las naturales y crecientes desigualdades provocadas por la dinámica de la economía capitalista).

La inflación en la Argentina es de larga data, pero si acotamos nuestra mirada a la etapa inflacionaria más cercana, se puede observar un proceso de crecimiento de los precios que se sostiene desde 2007 en adelante, con variaciones anuales que nunca bajan del 20 por ciento al 25 por ciento, y en algunos años superan el 40 y hasta el 50 por ciento, considerando el índice de precios al consumidor o precios minoristas.

Muchos pierden y unos pocos ganan

Si el promedio de los precios de los bienes y servicios que paga la población como consumidora varía en una determinada proporción, pero sus ingresos no alcanzan a ese valor, significa que tendrán una pérdida de su poder adquisitivo, y que cada vez podrán adquirir menor cantidad de productos (lo que puede afectar negativamente sus condiciones de vida).

Esto es lo que sucede habitualmente (aunque con excepciones parciales y temporarias) con los salarios de los trabajadores y con los haberes de jubilados y pensionados. Lo que reciben en términos reales es cada vez menor, y es la contrapartida de un mayor ingreso de otros actores de la economía, con mayor poder de negociación. Hay que aclarar que dada la estructura concentrada de nuestra economía, las denominadas empresas formadoras de precio son las que definen los términos de la distribución del ingreso.

En ese marco, los trabajadores, uno de los sectores perjudicados por la inflación, tienen el recurso de pelear por la recomposición de sus salarios, algo que ha venido sucediendo en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, incluyendo medidas de fuerza para hacer valer sus derechos ante las organizaciones patronales. Ahí puede haber una puja que derive en concesiones de los empresarios, para luego desatar posteriores aumentos de precios que vuelvan a realimentar este proceso inflacionario. Al menos hasta que los trabajadores ‘se disciplinen’ y acepten la pérdida de su salario real.

Impacto inflacionario de las devaluaciones del peso 

Pero además de los factores antes mencionados, hay un elemento fundamental que en nuestro país inicia los procesos cíclicos de golpes inflacionarios, que es el valor del dólar. Dada nuestra estructura productiva desequilibrada y dependiente, la gran mayoría de los precios de los bienes que se comercializan en la economía están incididos por el valor del dólar. Si se trata de productos que tienen componentes importados, o directamente se compran del exterior como bienes finales, cada suba del valor del dólar respecto del peso (devaluación) se reflejará en un aumento del precio de esos productos.

Pero si son productos exportables, un aumento del dólar va a llevar a que los que controlan esos mercados busquen exportar para ganar más pesos (vendiendo lo mismo), lo que determinará un aumento consecuente de lo que se venda dentro del país. En este último caso, las ventajas comparativas enormes de nuestro territorio para producir alimentos, energía y otras materias primas, no nos permiten disfrutar de esas potencialidades porque el grueso de los consumidores argentinos deben competir con los compradores del exterior, que son habitualmente mercados con un poder adquisitivo sustancialmente mayor.

De ahí que para evitar que ante una fuerte suba del valor del dólar un sector importante de la población quede sin acceso a productos que son necesarios para su supervivencia, el Estado deba intervenir con diversas medidas regulatorias, incluyendo los cuestionados derechos a la exportación (o retenciones). Pero también puede intervenir en la regulación interna de los mercados concentrados, para evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas líderes, que actúan según las reglas de la economía capitalista, buscando siempre la máxima ganancia posible.

La inflación más reciente 

Volviendo a la realidad argentina reciente, recordemos que la inflación ha sido sostenida desde 2007 en adelante. Si tomamos la segunda década del siglo, podemos ver cómo variaron los precios año a año:

Año    Inflación 

2011   23,97 por ciento

2012  25,98 por ciento

2013  23,28 por ciento

2014  38,53 por ciento

2015  27,50 por ciento

2016  40,30 por ciento

2017  24,80 por ciento

2018  47,65 por ciento

2019  54,00 por ciento (proyectado)

¿Por qué razón esa inflación se mantiene tan sostenida? ¿Por qué no han podido solucionarla los distintos gobiernos que hemos tenido desde entonces hasta la actualidad?

Por una parte, porque las empresas monopólicas y oligopólicas buscan mantener su creciente rentabilidad, aun cuando deban acceder a reclamos de subas salariales. De manera que con o sin devaluación del peso frente al dólar, buscan garantizar la máxima ganancia. Cualquier incremento de sus costos, incluidos los salarios o el dólar, será trasladado a los precios.

Pero sucede también que el propio estado ha sido responsable de la inflación, porque no han existido políticas públicas en serio para combatirla, sino más bien discursos y lamentos oficiales sobre su continuidad. Y no hubo ni hay políticas antiinflacionarias porque no ha habido voluntad política de hacerlo. Es que el Estado viene siendo socio de las grandes empresas formadores de precio, que en períodos de elevada inflación comparten ganancias a costa de los consumidores.

El grueso de los tributos que recauda el estado nacional proviene de los llamados impuestos indirectos, es decir, los que recaen sobre el precio final de los productos y que paga el consumidor (aunque no lo sepa). De manera que cuando hay inflación y suba generalizada y sostenida de los precios, ganan las empresas formadoras que controlan los mercados, pero gana también el estado porque recauda más. Así se garantizan recursos crecientes para las arcas públicas, recursos que no llegarían en esas cantidades si no hubiera inflación.

La semana pasada se conocieron las cifras de la recaudación tributaria nacional del año 2019, que alcanzó la suma de 5,02 billones de pesos, con un crecimiento de 48,5% respecto de lo obtenido por el fisco el año anterior (en 2018). Sin embargo, considerando las estimaciones de inflación, que se ubican en 54 por ciento para el año pasado, esa recaudación ha caído en términos reales (fue menor que la inflación).

El tema es: ¿qué hubiera pasado si la inflación del 2019 no hubiera existido o hubiese sido sustancialmente más baja? El estado habría tenido una recaudación sustancialmente menor, lo que habría afectado peligrosamente las cuentas públicas, agravando el déficit fiscal. Recordemos que tanto para Macri como para Fernández, es crucial contar un superávit fiscal primario tan grande, que permita al estado tener dinero suficiente para comprar dólares, con los cuales cumplir con los usureros titulares de una deuda fraudulenta e impagable.

La inflación en la era Macri 

Como lo muestran las cifras anteriores, durante el gobierno de Macri la inflación estuvo en niveles promedio muy por encima de los años previos, excepto el ‘tranquilo’ y electoral año 2017. En todos los casos, hay una relación muy estrecha de la inflación con las variaciones que tuvo el precio del dólar, que mientras se mantuvo ‘calmo’ los precios crecían más lentamente, y cuando había ‘saltos’ en la cotización de la moneda estadounidense se generaban rápidos aumentos de precios.

Pero durante el gobierno de Macri también hubo otros factores que contribuyeron a potenciar el incremento general de los precios, que no dependió directamente de las grandes empresas, sino de políticas deliberadas de transferencia de recursos a favor de determinadas corporaciones amigas del poder.

En este último caso, se pueden mencionar los tarifazos en los servicios públicos de agua, luz y gas, con aumentos que oscilaron en el gobierno de Macri entre el 1000 y el 3000 por ciento. Esos aumentos incidieron de manera directa e indirecta sobre otros precios de la economía, alimentando el fuego inflacionario. También jugó un papel clave la política gubernamental de garantizar precios internacionales a las petroleras que extraen nuestros recursos hidrocarburíferas a costos mucho más reducidos, y que luego se trasladan al conjunto de la economía. Sumado a estos factores, también hubo una notoria incidencia de los altos costos tributarios y financieros para las empresas, donde muchas pudieron trasladarlos a los precios (y una gran cantidad debió cerrar sus puertas).

Los incrementos de precios siempre corrieron delante de las recomposiciones de los salarios y de los haberes jubilatorios. Estos llegaron así con un fuerte desgaste de su poder adquisitivo al momento de cambio de gobierno. La intención deliberada del gobierno de Macri fue abaratar los costos laborales y garantizar una mayor rentabilidad a las corporaciones. Adicionalmente, obtener mayores recursos para las arcas públicas.

El estado de situación de los trabajadores al finalizar la gestión macrista muestra un grave desequilibrio en el nivel promedio de los ingresos de la abrumadora mayoría, aunque algunos sectores estén en condiciones mucho más difíciles para sobrevivir.

Un reciente trabajo del economista Pablo Anino (de “La Izquierda Diario”), en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y del costo de la canasta de consumos mínimos calculada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), muestran con meridiana claridad la grave situación.

El 50 por ciento de los asalariados de las áreas urbanas relevadas por el Indec percibió ingresos menores a  22.032 pesos en el mes de septiembre pasado (último dato al que se puede llegar con la información disponible al momento). Pero ese ingreso sólo les alcanzaría para vivir 12 días al mes, ya que el costo de la canasta de consumos mínimos para ese mes alcanzaba los 55.386 pesos. Dicho de otra manera, ese 50% de los asalariados que reciben esos ingresos, para llegar a cubrir los gastos de todo el mes necesitaban que, al menos, sus salarios se incrementen en  33.355 pesos.

A este preocupante deterioro habría que actualizarlo con la alta inflación de los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que daría un panorama mucho más grave, que demostraría la notoria caída del nivel de ingresos y de las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores argentinos.

Si bien existe una dispersión muy grande en los ingresos de los diferentes sectores laborales (tanto formales como informales, del sector público y privado) y previsionales (jubilados y pensionados), se estima una pérdida promedio del 20 por ciento de los ingresos a lo largo de los cuatro años de macrismo. Pérdida que el poder económico desea consolidar hacia delante, y que el pueblo argentino aspira a recuperar con el nuevo gobierno.

¿Qué panorama tenemos para este 2020 y para la gestión de Fernández?

Ya habíamos señalado que la prioridad del actual presidente estaba en garantizar el pago de la deuda pública. Así lo manifestó en varias oportunidades y también quedó explícito en el texto de la ley de emergencia recientemente aprobada por el Congreso Nacional. No obstante, para ocultar esa prioridad, se ha hecho mucho más barullo publicitario en los anuncios para combatir el hambre, el tema más grave que debe resolver hoy la sociedad, ante la alarmante situación que viven millones de argentinos. Por supuesto que para el gobierno combatir no significa ni de cerca solucionar el problema de raíz, sino disponer algunos paliativos para asistir a los que potencialmente pueden llegar a generar disturbios, y de esa manera mantener la tranquilidad social.

La preocupación por asistir a los que están en la franja más baja de ingresos no es una novedad de este gobierno. La asistencia con planes sociales y subsidios masivos viene acompañando los años de despliegue del modelo neocolonial extractivista depredador, a lo largo de este siglo, y tiene como fundamento el tratar de evitar situaciones de desborde y conflictos que pongan en riesgo la gobernabilidad del sistema. Sucede que una de las consecuencias del modelo económico social vigente es la falta de generación de empleo genuino en el sector privado, y la manera de contener a millones de desocupados que no encuentran forma de obtener ingresos y sobrevivir, es con la acción compensadora del estado (como empleador o subsidiador vía el mayor gasto social).

Por lo tanto, el hecho de que se incremente de manera sustancial el gasto público social en los últimos gobiernos, no es un indicador de mayor conciencia social de quienes lo hacen, sino del deterioro de las condiciones de vida en el grueso de la población ante el avance de las tendencias estructurales del modelo, de creciente concentración y saqueo de riquezas. En este aspecto, el gobierno de Macri llevó a grados extremos esas tendencias, y dejó tierra arrasada a su sucesor (y también aumentó el gasto social).

Un cálculo realizado por el economista liberal Roberto Cachanosky sobre la relación del gasto público social de la nación y el PBI, muestra porcentajes que oscilan entre el 8,5 y 11 por ciento, entre los años 1990 y 2008. Pero las cifras aumentan considerablemente en los años siguientes, con promedios del 13 y 15 por ciento en el resto de la gestión de Cristina Fernández, y llegando al 17 por ciento en los años 2017 y 2018 (con Macri).

La estrategia que está desplegando el nuevo presidente es la continuidad esencial de lo que vivimos hasta fines de 2019. Esto es, buscar alivio a los sectores más comprometidos de la población por el deterioro de sus condiciones de vida, vía mayores gastos sociales en la base de la pirámide, pero sin afectar a los sectores más concentrados y más enriquecidos de la población. ¿Cómo hacerlo? Descargando el peso del ajuste fiscal sobre los sectores de ingresos medios, incluso franjas que viven en situación de pobreza. Así, si se decide dar un bono a los jubilados con haberes inferiores a los 19 mil pesos, se congelan las recomposiciones automáticas para el resto (prevista en la ley actual).

Migajas que son como aspirinas para el cáncer

En relación a los trabajadores asalariados, no hay ninguna señal de que se busque la recuperación de sus deteriorados salarios reales. En todo caso, la postura del gobierno es contener las demandas con una suba fija con montos reducidos, y apelar a la “moderación” en las negociaciones paritarias.

Así, en declaraciones realizadas el primer día del año a Radio 10 (reproducidas por el diario La Nación) el mandatario destacó: "Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía". En otras palabras, continuemos con las mismas políticas del gobierno anterior, aceptemos las pérdidas sufridas por los salarios, y de esa manera los trabajadores contribuyen a lograr la estabilidad (que es lo que buscaba precisamente el gobierno anterior y las grandes empresas).

La semana pasada, luego de arduas negociaciones entre representantes de trabajadores y empresarios, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció un aumento salarial para los trabajadores del sector privado de 3.000 pesos para el mes de enero y 1.000 pesos más en febrero, y dijo que se trata de “una suma fija para todas las escalas para todas las categorías”. Son tres mil pesos a cobrar a principios de febrero y mil pesos más a comienzos de marzo, pero de los cuales los trabajadores percibirán un neto que luego de los descuentos se reducen a  2.490 y  3.320 pesos en mano, respectivamente. Es decir, que esa miseria que llaman pomposamente ‘recomposición salarial’ se recibirá luego de meses de aumentos siderales de los precios, en especial los más necesarios como los alimentos y los medicamentos. Aumentos de precios que seguirán en enero y febrero, antes de percibirse los anunciados aumentos de salarios.

Volviendo a la comparación entre salarios y costo de la canasta de consumos mínimos estimada por ATE Indec, el citado Pablo Anino señala que tomando el valor promedio de los salarios de los trabajadores registrados (que son los que perciben más altos ingresos, en comparación con los informales, con los empleados públicos, con los rurales y con el sector doméstico), el aumento anunciado implica que su salario alcanzará para vivir dos días más del mes. Y que luego del aumento de febrero, el 87 por ciento de los trabajadores del sector privado registrado no llegará a fin de mes (ni qué hablar del resto, que no llega ni a la mitad del mes con sus salarios).

¿Qué esperar para el resto del año? Por un lado, las estimaciones, tanto oficiales como privadas, sobre la posible inflación para el año 2020 coinciden en cifras superiores al 40 por ciento. Lo cual está anticipando que en relación a la suba de precios, hay una clara continuidad del proceso que vivimos los argentinos desde hace varios años, y no evidencia ningún cambio sustancial de las políticas públicas en materia antiinflacionaria.

En relación a los salarios, todo indicaría que la presión del gobierno sobre los sindicatos (y la siempre buena recepción por parte de la cúpula para contener reclamos) intentaría mantener los salarios de los trabajadores en los niveles actuales, en el mejor de los escenarios (convalidando la pérdida sufrida en los años anteriores). Lo que también está indicando una continuación de la estrategia oficial en el sentido de ‘bajar el costo laboral’ para atraer inversores del exterior.

Pero ese ‘mejor escenario’, de posible inflación oscilando entre el 40 y 45 por ciento en el año, con salarios estabilizados en niveles inferiores, se podría producir según algunas consultoras privadas  (como Ecolatina), siempre que se mantenga controlado el mercado cambiario y con negociaciones salariales a la baja. Para lo cual, el rol negociador del peronismo en el gobierno y su capacidad para contener los reclamos parece crucial.

En resumen, este panorama confirmaría la calificación del macri-fernandismo para referirnos a las continuidades de las políticas públicas, en este caso en materia de precios y salarios.

La última palabra en manos de los trabajadores y demás sectores populares

Como todo análisis de la realidad social, estamos considerando escenarios que dependen de múltiples variables y que son absolutamente imposibles de predecir con certeza. Porque no hemos puesto sobre la mesa cuáles pueden ser las respuestas y reacciones de distintos sectores de la sociedad, que no acepten mantener o reducir más aún sus magros ingresos y renunciar a derechos básicos, en el marco de un país con un territorio privilegiado y con riquezas enormes, en relación a su escasa población; sólo para que un puñado de grandes usureros y poderosas corporaciones sigan saqueando nuestro presente y nuestro futuro común.

Estamos viendo cómo otras sociedades, presionadas por políticas de ajuste deciden movilizarse para resistir y reclamar, en defensa de sus derechos, no sólo en otros países de América Latina, sino aún en el norte opulento. Y dentro de nuestras propias fronteras, son cada vez más numerosas las movilizaciones que con diferentes contenidos muestran una sociedad que no ha olvidado las masivas marchas de protestas de inicios de este siglo, que derrumbaron gobierno y políticas concentradoras y excluyentes.

Está en todos y cada uno de nosotros involucrarnos y participar más activamente para ir construyendo otros mundos posibles y necesarios, ante un orden social que sólo ofrece más desempleo, más miseria, más marginalidad y nada de futuro. Son cada vez más numerosas las experiencias alternativas que se ensayan, de nuevas formas de consumir, de producir y de convivir. Tenemos mucho por ganar, de nosotros depende.

Luis Lafferriere (*) Docente universitario de economía – Director del Programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social Uner – Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.

 

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