Con un escenario desfavorable para la votación el Diputados, el próximo martes, y sin haber cerrado acuerdos definitivos con los bloques dialoguistas, el presidente, Javier Milei, ordenó ayer retirar el polémico capitulo fiscal de la Ley Ómnibus. Sin embargo, la iniciativa mantiene la delegación de atribuciones legislativas en el Presidente, por lo que, si se aprueba la norma, estará en condiciones de tomar esas decisiones por decreto. El escenario de Entre Ríos en 2024 y su paralelismo con 1992.
Su decisión no fue casual: la alternativa de una derrota legislativa con mayor costo político y económico lo obligaron a dar marcha atrás y frenar antes de una visible derrota legislativa que ocasionaría costos mayores. Sin embargo, la historia no ha terminado, porque la iniciativa mantiene la delegación de atribuciones legislativas en el Presidente, por lo que, si se aprueba la norma, estará en condiciones de tomar esas decisiones por decreto.
El rechazo de gobernadores dialoguistas, entre los que se encuentra el titular del Poder Ejecutivo Provincial, Rogelio Frigerio, y legisladores nacionales, puso en alerta al Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, que venía amenzando con tweets que el mismo presidente replicaba, donde advertia a los jefes de Estado provinciales que si no acompañaban la Ley, el destino sería muy duro.
La realidad mostró que el rechazo a acompañar la propuesta oficialista en retenciones y jubilaciones, provocó la toma de consciencia en el Gobierno. Una derrrota en Diputados, el martes, ocasionaría caer a un precipicio practicamente sin salida, ya que hasta hoy, el oficialismo no tiene (y será dificil que los consiga), los apoyos que precisa para salir airoso en la Cámara Baja Nacional. Una derrota, sería algo muy grave tanto en el plano político como en las consecuencias económicas.
En Entre Ríos
Anoche, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, admitió que "la sociedad no aguanta más" y anunció que el gobierno entrerriano decidió “apoyar el dictamen de la Ley Bases que envió el Presidente al Parlamento”.
“Todas nuestras sugerencias han perseguido el objetivo de intentar acercarnos todavía más al norte que marcó el Gobierno Nacional. Es indispensable que en estos días que quedan hasta la sesión de Diputados, el oficialismo siga convocando al diálogo”, agregó y consideró que “no es momento ni hay espacio para disputas políticas. Millones de argentinos necesitan ver a sus gobernantes trabajando juntos, todos los días, para salir adelante de esta situación terminal”, dijo .
El domingo pasado, Frigerio y sus pares de Juntos por el Cambio, pidieron retirar las retenciones para apoyar la Ley Ómnibus. Entonces, la oposición dialoguista diseñó una estrategia de presión hacia la Casa Rosada: si el gobierno no sacaba las retenciones a las economías regionales, no apoyarían el proyecto.
Además del mandatario entrerriano, se conectaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).
Ayer mismo, la Mesa de Enlace Rural entrerriana, que se reunió con él , le hizo notar que que ven con preocupación “el enfrentamiento del gobierno nacional con las provincias”, contó a AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, quien apuntó: “Hay que salir de la posición de enfrentamiento que no le hace bien a la Argentina”.
Caputo, el Cavallo de 1992
El ex gobernador Mario Moine (PJ) asumió el Poder Ejecutivo de Entre Ríos en diciembre de 1991, ocho meses después de la adopción del régimen de acumulación de la convertibilidad que llevó adelante el riojano Carlos Saúl Menem.
Al año de su asunción, en Entre Ríos, se aprobó la Ley 8706, que implicó 2.605 despidos en el Estado. El proceso de ajuste se vehiculizó mediante un acuerdo entre el gobierno provincial y el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo y consistió en la aprobación en la legislatura provincial, de una “ley ómnibus” para sanear las cuentas del arca provincial.
Entonces, una fuente del ministerio del Interior de la Nación dijo que el ex gobernador Moine lideró al conjunto de las provincias que se oponían al Pacto Federal Fiscal y al acuerdo Nación-Provincia, pero esa acción no fue suficiente.
La confrontación de Moine con Cavallo fue anterior a la asunción como ministro de Economía. En reunión con los gobernadores electos el 20 de noviembre de 1991, el gobernador le espetó: “No nos venga a decir como tenemos que gobernar en nuestras provincias”.
Una muestra de cómo el poder nacional obliga a los gobernadores a tomar decisiones para que no ocurra una debacle mayor. En 2024, Caputo representa al Cavallo de 1992. Cambian los protagonistas, pero no las acciones.
Lo que sucedió en éstos últimos días insta a repensar los modos de vincularse que tiene la Nación con las Provincias, y, naturalmente, a reflexionar sobre el verdadero federalismo.
Por Nidia Peltzer, de la Redacción de AIM.
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