El nuevo régimen penal juvenil, que entre otras cosas baja la edad de punibilidad de 16 a 15 años, le originará al Estado un costo anual adicional de 766 millones de pesos en caso de ser convertido en ley. Esa fue la estimación que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el órgano desconcentrado del Parlamento que brinda asistencia técnica a los legisladores.
La iniciativa del Poder Ejecutivo es analizada por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plenario ya realizó cuatro audiencias públicas con la presencia de funcionarios, integrantes del Poder Judicial, especialistas y representantes de la sociedad civil invitados por los distintos bloques.
Si bien la próxima reunión todavía no tiene fecha, uno de los ejes de la discusión que se avecina es el impacto presupuestario que tendrá la ley en caso de ser sancionada. En ese marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO) encargó a la OPC un informe que fue concluido en los últimos días.
El órgano dirigido por el contador Marcos Makón concluyó que el costo de la ley será de 766 millones de pesos, aunque aclaró que la implementación del régimen será progresiva, por lo que el costo estimado no recaería totalmente en el primer año de su entrada en vigencia. La primera erogación sería de 327 millones, hasta alcanzar el total en siete años.
Otro aspecto importante es que el costo no sería financiado plenamente por el Presupuesto Nacional: Si bien no se explicita en el proyecto de ley, parte del costo debería afrontarse con recursos provenientes de presupuestos provinciales, en función de las facultades y competencias de las jurisdicciones.
De los mencionados 766 millones de pesos, la mayor parte estará destinada a financiar a los equipos interdisciplinarios autónomos que auxiliarán a los jueces, los cuales estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas. Según los cálculos, 436 millones serán destinados a este rubro por año.
En tanto, 154 millones adicionales serán para “programas socioeducativos”; 100 millones adicionales serán para “monitoreo electrónico”; 16 millones adicionales para “medidas restrictivas de la libertad” y finalmente, 60 millones adicionales para “sanciones privativas de la libertad”.
Según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), el sistema penal juvenil vigente alcanza en Argentina a 6.275 jóvenes. Con la baja de edad de punibilidad, de acuerdo a las estimaciones del ministerio de Justicia, se sumarán 825 nuevos jóvenes, por lo que la población total alcanzada será de 7.100 jóvenes mayores de 15 años y menores de 18 años.
¿Cuál es el costo que debe asumir el Estado por cada joven en conflicto con la ley? Obviamente, varía de acuerdo al dispositivo adoptado.
Un joven cumpliendo una medida penal en territorio demanda 83.064 pesos anuales; uno que cumple restricción de la libertad, demanda 764.784 pesos anuales; uno que está privado de su libertad, pero con tobillera, demanda 479.064 pesos anuales; y un joven preso en un centro cerrado demanda nada menos que 1.576.852 pesos anuales.
Si se cuentan los 7.100 casos que quedarían contemplados en el nuevo régimen, el costo fiscal total sería de 2.332 millones de pesos. Esa es, en definitiva, la cifra total anual que deberá desembolsar el Estado para financiar el sistema penal juvenil si se aprueba la ley.
Fuente: El Parlamentario