La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en más de un 141 por ciento los recursos destinados a gastos operativos durante el último año. Al mismo tiempo, el Gobierno continúa sin difundir información detallada sobre los consumos realizados mediante tarjetas corporativas financiadas con fondos públicos, pese a los pedidos de acceso a la información presentados por distintos sectores.

Según documentación oficial, el fondo utilizado para afrontar gastos flexibles de la Casa Rosada pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, lo que representa un crecimiento superior al 141 por ciento en apenas doce meses.

La ampliación quedó formalizada a través de una resolución publicada a comienzos de este año, que además elevó los límites para las erogaciones individuales y mantuvo excepciones para gastos vinculados a servicios esenciales y viajes oficiales.

Más de 140 tarjetas activas

A partir de un pedido de acceso a la información pública, la Presidencia confirmó que existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas de crédito corporativas y más de 60 usuarios habilitados para operar dentro del sistema financiero utilizado por la administración presidencial.

Entre los funcionarios que figuran vinculados a estos instrumentos aparecen la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y otros funcionarios con responsabilidades administrativas y operativas dentro de la estructura estatal.

Sin embargo, el Ejecutivo no entregó información sobre los gastos concretos realizados con esos fondos, ni los resúmenes de consumos, facturas, rendiciones o documentación que permita conocer el destino final de los recursos públicos utilizados.

Reclamos por mayor transparencia

La negativa a difundir los movimientos generó cuestionamientos debido a que los sistemas utilizados por el Estado permiten registrar y monitorear cada operación en tiempo real.

De acuerdo con la documentación oficial, las compras efectuadas mediante estos mecanismos deben contar con expedientes electrónicos, comprobantes respaldatorios, justificaciones administrativas y controles internos específicos. Además, las normas vigentes establecen procedimientos de rendición obligatorios para cada gasto realizado.

Pese a ello, la información suministrada se limitó a identificar a los usuarios habilitados y la cantidad de tarjetas en circulación, sin brindar detalles sobre montos, comercios, conceptos o comprobantes.

Una investigación cerrada sin acceso al expediente

Otro aspecto que generó interrogantes es la existencia de una investigación interna sobre el uso de tarjetas corporativas. El propio Gobierno reconoció que se realizó una revisión administrativa para determinar si existieron irregularidades en la utilización de estos recursos.

Según la información oficial, el expediente fue archivado luego de que las autoridades concluyeran que no existió perjuicio económico para el Estado. Sin embargo, tampoco se difundieron los detalles de esa investigación ni se permitió el acceso al expediente correspondiente.

De esta manera, continúan sin conocerse aspectos centrales del funcionamiento de uno de los mecanismos utilizados para financiar gastos operativos de la Casa Rosada, en un contexto donde los recursos asignados al área crecieron de manera significativa y los reclamos por una mayor transparencia en el manejo de fondos públicos siguen abiertos.