El proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio, que obtuvo media sanción en el Senado, ingresará este miércoles a la Cámara de Diputados en el marco de una sesión especial, informaron a AIM. La iniciativa pasará a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y a la de Previsión y Seguridad Social, donde comenzará su análisis en particular.

La reforma que afecta a la ley 8.732 llegará al hemiciclo de la Cámara Baja con un panorama incierto en materia de acompañamientos, pese a haber sorteado ya la primera instancia legislativa en el Senado.

Desde el bloque del Partido Justicialista adelantaron que no acompañarán la iniciativa oficial, mientras que hasta el momento tampoco respaldaría el proyecto el diputado libertario Carlos Damasco, en una señal de que el oficialismo deberá negociar apoyos para garantizar su aprobación definitiva.

El texto declara la "emergencia económica y financiera" del sistema previsional provincial por dos años, prorrogables por otros dos a decisión del poder Ejecutivo, y habilita a ese poder a realizar modificaciones presupuestarias, celebrar convenios y adoptar "todas las medidas necesarias" para sostener el sistema. En ese marco, se establece un aporte personal extraordinario del tres por ciento sobre la remuneración bruta de los trabajadores activos que perciban haberes mayores a tres millones de pesos, además de un incremento del tres por ciento en las contribuciones patronales, que se reduce al uno coma cinco por ciento para los sectores que no resulten deficitarios.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la elevación de la edad jubilatoria ordinaria común a 65 años para los varones y 60 para las mujeres, junto con el aumento del requisito de servicios de 30 a 35 años. Sin embargo, la implementación será gradual: durante los primeros cinco años continuarán vigentes las edades y aportes actuales, y recién a partir de 2031 la edad se incrementará en seis meses por año calendario hasta alcanzar los nuevos topes en 2036, mientras que los años de aporte llegarán a 35 recién en 2039.

En cuanto al cálculo del haber, la ley modifica el artículo 63 y establece que la jubilación ordinaria equivaldrá al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento ochenta remuneraciones mensuales, es decir, quince años de aportes, en lugar de los diez años que preveía la normativa anterior. Los haberes por invalidez y por edad avanzada quedarán en el 70 por ciento de esa misma base de cálculo, igual porcentaje que regirá para las pensiones.

La reforma también alcanza a los regímenes especiales —como los de los docentes frente a alumnos o el personal en tareas insalubres—, que conservan sus edades reducidas de acceso pero deberán afrontar, a partir del 1° de enero de 2028, un "aporte solidario" que arrancará en el 19 por ciento y descenderá de manera escalonada hasta extinguirse recién cuando el beneficiario alcance la edad jubilatoria ordinaria común.

Entre otras modificaciones, el proyecto dispone que el beneficio de pensión "se extingue por nuevo matrimonio, unión convivencial o convivencia pública en aparente matrimonio", sin posibilidad de rehabilitación, habilita deducciones de hasta el 20 por ciento del haber mensual para saldar deudas con la Caja y faculta a los empleadores a intimar a los agentes en condiciones de jubilarse: transcurridos seis meses sin que inicien el trámite, la autoridad podrá disponer la extinción del vínculo laboral "sin obligación de indemnización alguna".