Después semanas de debate, las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y Educación del Senado dictaminaron el proyecto de ley de Fomento del Despliegue de Infraestructura y Competencia Tics, también denominado Ley Corta, autoría del Poder Ejecutivo. La iniciativa se trataría en la sesión del miércoles próximo, supo AIM.  

Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura del Senado firmaron el dictamen del proyecto de comunicaciones convergentes, enviado por el Poder Ejecutivo.

El dictamen de mayoría fue apoyado por el interbloque Cambiemos y el interbloque Argentina Federal, mientras que el FPV-PJ presentará un proyecto de minoría junto con Unidad Justicialista, el bloque de Adolfo Rodríguez Saá.

Un proyecto “mejorado”

El presidente de la Comisión de Sistemas y Medios, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), adelantó que se votará en el recinto el 4 de julio.

Luenzo explicó que con los cambios acordados al texto “hemos logrado darle un respiro particularmente al interior, a todos aquellos cable-operadores, radiodifusores, que obviamente no están en las mismas condiciones de las que pueden tener compañías como Telefónica, Claro o Telecom”.

En ese sentido, señaló que se retrasa el plazo a cuatro años para que las grandes compañías puedan desembarcar con el cuádruple play en el interior, con el objetivo que las empresas regionales lleguen a “estar de igual a igual ofreciéndole al usuario un servicio de calidad y en condiciones de competitividad”.

Asimismo, se posterga hasta 2020 -el texto original proponía 2019- la posibilidad para que las telefónicas puedan dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

El senador chubutense también explicó a este medio que se establece que “mínimamente ARSAT debe tener un 20 por ciento disponible para empresas regionales. Esto obviamente les da un valor agregado a la competitividad, porque no van a necesitar de un acuerdo con grandes compañías”.

“El proyecto se ha mejorado muchísimo. Como llegó del Ejecutivo nacional era muy difícil de poder aprobar”, agregó.

Luenzo además reconoció que “el debate que queda pendiente son los contenidos” y consideró que “Telefónica, Netflix y HBO tienen que tener contenidos nacionales”.

Qué dice el texto

En líneas generales, el borrador que se pondrá en discusión contempla:

* Se promueve el uso compartido de infraestructura acordado mediante convenios, donde se elimina la posibilidad de que haya pactos de exclusividad. De este modo, se atienden demandas expuestas principalmente por las pequeñas prestadoras de telecomunicaciones.

* Se fija que será el Ente Nacional de comunicaciones (Enacom) el que resolverá en cada uno de los eventuales conflictos que se susciten entre las diversas partes.

* Se determina que el Enacom asignará en forma directa a Arsat espectro de 3G y 4G para que cumpla con sus fines. A su vez el regulador buscará ampliar la competencia a partir del otorgamiento de esas bandas a operadores locales y regionales, públicos o privados, según lo dispuesto en el decreto 1340/2016.

* Se amplía el concepto de radiodifusión por suscripción a aquellos prestadores TIC que usen la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP, es decir, que hagan transmisión de contenidos por Internet.

* El servicio de TV por suscripción por vía satelital podrá ofrecerse en las ciudades ya habilitadas este año (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y en aquellas donde no exista otro prestador del servicio de radiodifusión por suscripción al 1 de julio de 2020.

* En las localidades de menos de 100.000 habitantes donde el servicio sea ofrecido únicamente por pyme de telecomunicaciones o independientes del servicio básico telefónico el servicio satelital podrá ingresar recién en 2022. En las restantes localidades en 2021.

* A esto se suma que ni Telefónica ni Telecom ni Claro podrán dar televisión paga por satélite antes del 1 de julio de 2020.

* La comercialización de señales y programas audiovisuales deberá realizarse en condiciones equitativas y que se alejen de prácticas anticompetitivas.

A qué apunta la iniciativa: Algunas críticas

La nueva norma reemplazaría provisoriamente algunos aspectos de la “ley de medios”, sancionada en 2009, por lo que especialistas acusan al oficialismo de atender otro reclamo del grupo Clarín, contra los intereses de Telefónica. En tanto, los reclamos cooperativos serían atendidos, pero solo en ciudades de menos de 80 mil habitantes.

Según el texto oficial, el Gobierno sostiene los artículos que habilitan a Telefónica S.A. y América Móvil (Claro) a brindar televisión satelital, pero sólo después de 2020 y limita el uso de infraestructura pasiva de servicios públicos, como torres y ductos, un pedido del grupo Telecom-Clarín que tiene la mayor red del país y pretende usar esa ventaja competitiva.

Mantiene el derecho a utilizarlos, pero sólo mediante “condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de derecho”. Y habilita a la Enacom a resolver los eventuales conflictos.

Pero del otro lado, recibió la presión lógica de Telecom-Clarín, que tiene en la red de Cablevisión-Fibertel una de sus principales ventajas competitivas.

Ahora, para usar infraestructura de otros servicios Tics (como la fusión Telecom-Clarín), las telefónicas, cuya precaria inversión en el interior fue cuestionada durante el debate, deberían esperar un reglamento del ministerio de Modernización.

Sólo sería posible “mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas, en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada”.

Por otra parte la recorrida de cableros y cooperativistas parece haber dado sus frutos: el gobierno endurece el límite para que las telefónicas brinden televisión satelital en comunidades de menos de 80 mil habitantes. Deberán esperar un año como mínimo y hasta dos o tres.

Otra propuesta es incorporar como servicios de radiodifusión a los servicios de streaming y por lo tanto de las regulaciones vigentes, un reclamo de las empresas de cable, moletas por la carga impositiva que soportan.

Las frecuencias de Arsat serán asignadas por el Enacom sin preferencias preestablecidas. Algunos senadores querían que fueran a pequeñas empresas.