La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo. Estuvieron presentes especialistas y universitarios. En el próximo encuentro, será el turno de los gobernadores, supo AIM.

En la segunda reunión informativa de la Comisión de Educación, la oposición escuchó a especialistas y universitarios, así como anunció que pedirá convocar a gobernadores provinciales.

Los y las expositoras destacaron la iniciativa. Según pudo saber AIM, en esta ocasión, estuvieron presentes: Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

También, expusieron ante Diputados Marcos Córdoba (decano de la facultad de Derecho de la UAI); Graciela Morgade, decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Mariano Nardowski, exministro de Educación de CABA (2007-2009); María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola; Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento; Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales; Héctor De Luca, director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora; Verónica Alzú, directora de la Técnica Nº8 de Quilmes; Javier Curcio, de la Fundación Alem; y Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte.

El proyecto

El texto propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del seis por ciento hasta alcanzar, en 2030, el ocho por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 por ciento del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.

Además, establece la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 por ciento destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a tres años.

También, incluye la obligatoriedad de la sala de cuatro años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

Por último, ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.