Ingresó un proyecto de Ley en el Senado de la provincia por el que se propone la “ficha limpia” de candidatos “sin antecedentes”, confirmó AIM. La norma proyectada “puede constituir una herramienta de suma utilidad para reforzar la calidad institucional en la provincia, a la vez que puede representar un verdadero avance hacia la mejora y fortalecimiento del sistema representativo mediante medidas concretas que coadyuven a afianzar la transparencia y responsabilidad en la función pública como pilares esenciales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, afirmó el autor de la iniciativa, Amilcar Genre Bert.

El texto que pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, “tiene como objetivo impedir a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, sean candidatos a ocupar cargos partidarios y cargos públicos electivos”, argumentó Genre Bert.

En ese marco, apuntó que “se trata de una inhabilitación que alcanza a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos asociados a la corrupción (delitos contra la administración pública tales como cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles por el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento), contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, el orden económico y financiero, contra los poderes públicos y el orden constitucional, entre otros”.

Si la norma avanza, “todas aquellas personas que quieran ser representantes en listas electivas, no podrán tener condena firme por ninguno de los delitos ya que los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos sus precandidatos y candidatos, el Certificado de Antecedentes Penales que acompañará la presentación de listas”.

La Ley de ficha limpia -que tomó relevancia en todo el país a partir de su recepción legislativa en las provincias de Chubut, Mendoza y Salta-, “es un instrumento esencial para el desarrollo y afianzamiento de la ética en el ejercicio de la función pública, en todos los ámbitos y en todos sus niveles”, aseguró el legislador.