Ingresó un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados por el que se establecen capacitaciones obligatorias en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, confirmó AIM.
La iniciativa la impulsó el diputado Uriel Brupbacher (UCR), quien fundamentó que el objeto es “generar mecanismos y herramientas para la protección de los Derechos de la Infancia y Prevención Contra las Violencias de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que, más allá de toda la legislación vigente, nunca más un chico sea ignorado por el Estado”.
“Se propone una capacitación obligatoria para que todos los funcionarios públicos, y sobre todo aquellos relacionados con la niñez, cuenten con las herramientas de actuación y los conocimientos necesarios para el reconocimiento de las situaciones de violencia y cómo actuar en consecuencia”, dio el legislador, quien subrayó: “Entendemos que es necesario que los tres poderes tengan una capacitación obligatoria que responda a los mismos principios a fin de que sea la base de un trabajo coordinado que tenga al niño, niña y adolescente como centro de la actuación y políticas públicas”.
En ese marco, señaló que las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por el organismo en el que presta funciones”, y el incumplimiento “será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.
La capacitación deberá destacar la corresponsabilidad para que cada uno entienda el rol, responsabilidad y forma de actuar esperada, ya que según el diputado “parte de la falta de coordinación tiene su fundamento en la falta de información de la sociedad en general respecto a cómo y dónde radicar la denuncia en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
“Entendemos que es crucial que esta información sea pública, de fácil acceso y comunicada de manera institucional. Por otro lado, una vez realizada la denuncia, muchos casos presentan un denominador común: la descoordinación de los organismos administrativos relacionados con la protección de los derechos del niño, niña y adolescente y los organismos judiciales que intervienen. Esta disociación entre los órganos del Estado hace que las comunicaciones no sean efectivas, las medidas tomadas sean incongruentes y tienen como resultado que, en definitiva, se vean vulnerados los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Preguntas que deberían tener una respuesta obvia como qué hacer en casos de denuncias de violencia relacionadas con niños, niñas y adolescentes; medidas urgentes; formas de comunicación con los jueces que deban intervenir; cómo hacer frente a la interjurisdiccionalidad; entre otras, no tienen una respuesta adecuada y terminan por afectar estos derechos. Finalmente, es de suma importancia que el gobierno provincial disponga de todas las partidas necesarias del presupuesto, tanto para poder concretar las capacitaciones como para sostener en forma efectiva la infraestructura, y sobre todo los profesionales que intervienen (médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, etc) que muchas veces cobran poco y tarde para la inflación actual, y son quienes intervienen directamente con los niños, niñas, adolescentes, y sus familias. De nada sirven las grandes declaraciones si el sistema no se sostiene económicamente como corresponde”, afirmó Brupbacher.