El Gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 en unos 4,4 billones de pesos e incrementó las partidas destinadas a las universidades nacionales, en medio de la obligación judicial de avanzar con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

La modificación fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026 y constituye la segunda adecuación presupuestaria del año. La medida contempla cambios en los créditos y recursos de distintas áreas de la administración pública nacional.

Uno de los principales incrementos corresponde al programa Desarrollo de la Educación Superior, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que recibió un refuerzo de aproximadamente 1,33 billones de pesos.

La mayor parte de esos recursos tendrá como destino las transferencias a las universidades nacionales, mientras que otra porción será destinada al financiamiento de becas estudiantiles.

La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir parcialmente con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La Justicia obliga al Gobierno a actualizar salarios y becas

El conflicto por el financiamiento universitario llegó hasta el máximo tribunal luego de una extensa disputa entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas.

La Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución mantiene así la obligación de actualizar los salarios del personal docente y no docente y recomponer los montos correspondientes a las becas estudiantiles mientras continúa la discusión judicial de fondo.

El fallo representó un revés para la estrategia judicial del Ejecutivo, que buscaba revertir la medida. La decisión de la Corte no resolvió la cuestión de fondo, sino que dejó vigente la cautelar al desestimar la presentación oficial.

En paralelo, el Gobierno, los rectores y los gremios habían alcanzado durante junio un acuerdo que contemplaba una recomposición de la masa salarial y un incremento de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios.

La ampliación no significa que el dinero llegue inmediatamente

Pese al incremento de las partidas presupuestarias, la incorporación de los créditos no implica necesariamente que la totalidad de los recursos sea transferida de manera inmediata a las casas de altos estudios.

La modificación presupuestaria permite al Ejecutivo contar con los créditos necesarios para afrontar las obligaciones correspondientes durante el ejercicio 2026.

Por ese motivo, las universidades y los gremios docentes y no docentes mantienen la expectativa sobre la implementación efectiva de la medida y el cronograma que seguirá el Gobierno para concretar las transferencias.

La ampliación aparece así como un paso administrativo necesario para avanzar con el financiamiento, aunque el foco del sistema universitario estará puesto ahora en la llegada efectiva de los recursos y en el impacto que tendrán sobre los salarios y las becas.

El Gobierno también reforzó fondos para la Side

La modificación presupuestaria no estuvo limitada al sistema universitario. El DNU incluyó incrementos para distintos organismos y poderes del Estado.

Entre las áreas alcanzadas aparece la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que recibió un nuevo refuerzo de sus partidas. La decisión volvió a generar cuestionamientos debido al incremento de los recursos destinados al organismo de inteligencia en un contexto de restricciones presupuestarias en distintas áreas del Estado.

También se dispusieron mayores créditos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, el área de Salud y el Poder Legislativo, como parte de una modificación presupuestaria de amplio alcance.

La contrapartida incluye ajustes y reducciones en otras partidas, entre ellas transferencias destinadas a empresas públicas del sector energético.

Expectativa en las universidades

El refuerzo presupuestario abre ahora una nueva etapa del conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales.

Tras meses de reclamos, movilizaciones y presentaciones judiciales, el sistema universitario espera que la ampliación de las partidas se traduzca en una recomposición efectiva de los ingresos de docentes y no docentes y en una actualización de las becas para estudiantes.

La decisión de la Corte dejó vigente la obligación de cumplir con los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario alcanzados por la cautelar. Ahora, con los créditos incorporados al Presupuesto, la atención estará puesta en cuándo y cómo se ejecutarán esos recursos.

El Gobierno dio así un primer paso presupuestario para responder a las obligaciones asumidas y a la resolución judicial, pero el conflicto universitario todavía no está cerrado: las casas de altos estudios y los trabajadores del sector aguardan que los fondos previstos se conviertan efectivamente en transferencias y mejoras salariales.