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Berruhet: "Vicentín, la ilegalidad de su intervención y el acto político"

El anuncio del presidente, Alberto Fernández, de intervenir y expropiar la exportadora de granos Vicentin, “no nos sorprendió, aunque la medida nos llenó de preocupación porque no creíamos que los acontecimientos se desarrollarían en medio de una emergencia sanitaria que afecta a todos. Es que al sector agropecuario no le gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país, porque, a lo largo de toda su historia, observamos que no ha sido un buen administrador y que, además, nunca ha sido eficiente”, afirmó a AIM el presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de  Servicios Públicos de Aranguren (Coopar), Felipe Pablo Berruhet.

La protesta de los productores agropecuarios en Avellaneda, la región base de Vicentín en el norte santafesino, que rechazan la intervención estatal de la empresa como
La protesta de los productores agropecuarios en Avellaneda, la región base de Vicentín en el norte santafesino, que rechazan la intervención estatal de la empresa como "una derrota de la República".

En diálogo con esta Agencia, Berruhet señaló que para opinar qué tipo de medida tomó el Presidente, “debemos analizar primero qué tipo de medida fue, cuáles fueron las razones económicas por las que el Gobierno intervendría y expropiaría a futuro, a través de una Ley, una empresa privada dedicada a la comercialización de productos alimenticios. El Gobierno de Alberto Fernández y sus funcionarios decidió avanzar sobre la empresa Vicentín, so pretexto de seguridad alimentaria. Pero, cuando uno se refiere a seguridad alimentaria, en general, piensa que estamos flojos de producción de alimentos y tenemos que asegurar que algunas empresas que producen alimentos en la República Argentina estén en las manos correctas, para no quedarnos sin lo necesario para la población”.

Para el contador, la realidad es que, si alguien piensa que en nuestro país está en riesgo la seguridad alimentaria, “estamos viendo una película que ya vimos, porque el sector agropecuario produce 10 veces lo que necesita Argentina para alimentar a su población. Se trata entonces y sin lugar a dudas, de un acto político, de un relato que no encaja con la realidad, porque el sector agropecuario produce alimentos para 400 millones de personas, cuando el consumo es de 40 millones”.

La responsabilidad del Estado

La seguridad alimentaria no está en riesgo, pero, el acceso, la disponibilidad o la posibilidad de adquirir los alimentos, eso es otra cosa. Que la población no pueda acceder a los alimentos es un tema político y no depende del sector agropecuario. “En este caso, lo que debe hacer el Estado es proveer que exista un vínculo fluido entre los productores y los consumidores, garantizando sueldos dignos, en vez de seguir  fomentando políticas públicas que desalientan la inversión que, consecuentemente, sostienen el clientelismo político ante la falta de trabajo genuino. Y cuidando los valores, porque todos sabemos que, del productor al consumidor, los precios se multiplican por cinco, seis, o por 10”, fustigó.

Pagar al mismo Estado

Berruhet remarcó que, entre los argumentos de los protagonistas de la historia, “sobresalen las declaraciones del ministro de la Producción Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, quien avaló la decisión de expropiar Vicentín. El grupo Vicentín pretendió estafar al banco de los argentinos, dijo Bahillo, en referencia al Banco Nación y a los préstamos que la entidad financiera liberó para la empresa oriunda de Avellaneda, Santa Fe,  en su etapa final. La verdad es que como cliente del Banco Nación, cuando tomo un crédito, estoy acostumbrado a ofrecer las garantías necesarias, porque el sistema bancario de la entidad me lo exige. Por eso –estimo- el BNA tendrá los instrumentos necesarios para cobrarle a Vicentin su acreencia, sin que el Estado nacional tenga que propiciar la expropiación y la intervención. Y ni hablar que, a esos niveles, el Banco Nación tendrá un reaseguro en el exterior, y si no tiene como cobrar, presupongo que esa entidad crediticia hizo mal las cosas”.

Cumplir con los productores, otra mentira

Otro de los argumentos del Estado nacional para intervenir Vicentin es que quiere garantizar el pago de las acreencias, pero en verdad, las mismas entidades del campo han salido a repudiar la expropiación; ninguna de ellas le dijo al Gobierno que está en riesgo el pago a los agropecuarios, y tampoco ninguna pidió la medida. Entonces, es otro argumento que se cae, porque la realidad lo contradice.

Para el dirigente cooperativista, “otra desprolijidad del Gobierno es que realiza esta acción habiendo un proceso judicial de por medio, porque la empresa está en concurso preventivo. Se trata de una materia muy preocupante, en cuanto a los hechos. Y es motivo de preocupación que exista un equilibro y una responsabilidad de eludir la deuda y que ésta pase al pueblo, que herede sumas que no tiene que pagar, porque no le corresponde”.

Berruhet aclaró que “si la preocupación es poder recobrar el dinero prestado por el BNA, para resarcir a los productores damnificados, habría que articular los mecanismos legales junto con el juez a cargo del concurso de acreedores, porque es el encargado de garantizar los derechos tanto de los acreedores como de los deudores de la empresa. Hay otro poder del Estado que busca hablar de la seguridad alimentaria y la exportación de alimentos cuando el mercado de granos es muy transparente. El Estado está obligado a generar condiciones para que sea más eficiente el sistema, pero está generando otro accionar. No entiendo cuál es el apuro y la urgencia, porque si estuviera de verdad preocupado por salvar a una empresa de 90 años, que es la mayor productora de aceite y expeller de soja del mundo, debería establecer una legislación que garantice que existan otras Vicentines en el sector privado, y no pensar en quedarse con la única Vicentin que hay en el mercado, de estas características. Son demasiados los argumentos económicos que no cuadran con esta expropiación”.

Una decisión política

Los sucesos demuestran que esta expropiación e intervención de Vicentin “es una decisión política del Gobierno de Alberto Fernández, y por eso debería explicarlo desde lo político para que sea creíble, para evitar que todo el andamiaje privado haga estas conjeturas.  Insisto: la economía no es una ciencia exacta, sino social, porque se combinan números exactos con cuestiones sociales, con incertidumbre, con tendencias, con certezas; con desconfianza y con confianza, con un sinnúmero de otras cuestiones que no se pueden cuantificar pero que son tan valorables como lo demás. Lo que menos necesita la economía argentina en estos momentos son estos volantazos de incertidumbre. ¿Qué empresa privada extranjera vendrá con este antecedente? ¿Qué empresa argentina invertirá? No hay ninguna razón económica para intervenir y expropiar Vicentín, porque ese argumento nos muestra que todos quienes tenemos una empresa privada podemos correr el mismo riesgo. Si hay algo que el capital olfatea es sangre, y ahí, dispara. Y eso no le gusta a nadie”.

Pagar la fiesta

En lo personal, Berruhet anhela que la Ley que se trate en el Congreso tenga mucha resistencia de la oposición y de algunos legisladores oficialistas que sean coherentes. “Ojalá que el texto y su análisis no prosperen. Como ciudadano de la República Argentina, y no sólo como integrante del sector agropecuario, quiero que esto se termine, porque a esta fiesta la paga la ciudadanía. Ya vimos lo de YPF,  que se vendió y se compró varias veces. Por ella, los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos,  juicios y honorarios millonarios; sería terrible pensar que pasaremos lo mismo con Vicentin. Como ciudadanos, debemos ser conscientes que habrá un juicio que le harán al Estado los propietarios de la firma; que ese juicio generará honorarios y que el Estado puede perderlo, o no, o puede llegar a un acuerdo, o no. Hay que observar el daño que le hace la sola noticia a la economía privada de este país.  Nada de este jolgorio es gratis, todo tendrá consecuencias. Y eso debe tenerse en cuenta para valorar el accionar de este Gobierno”.

Berruhet opinó que el Gobierno no tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo con Vicentín. “Y si la necesidad era política, debería haberlo explicado desde lo político, no desde lo económico, porque si lo explica desde este último aspecto, crea más incertidumbre que la que ya existe.  Una Nación que respeta su Constitución Nacional constituye la República, pero avasallar la Constitución es nuestra desintegración como Nación. Y en mi humilde entender, eso es lo que está haciendo este Gobierno”.

De la Redacción de AIM.

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