La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó al Ejecutivo un proyecto de Ley por el que busca establecer como derechos fundamentales y humanos la energía y los servicios públicos, informó a AIM el secretario general del sindicato en Entre Ríos, Oscar Muntes.
Ante la dura situación que atraviesan los trabajadores por el brutal ajuste que implica tarifazos y una fuerte inflación, desde ATE Entre Ríos entregaron al gobierno provincial una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el servicio público de distribución de electricidad y de acceso al agua potable y saneamiento básico, indicó Muntes a esta Agencia.
En ese sentido, precisó que “el Estado provincial deberá proponer y realizar gestiones para que el costo de la tarifa social del servicio públicos de distribución de electricidad sean absorbido por las concesionarias; que el sistema energético nacional se des dolarice la tarifa; y que cada una de las partes del sistema energético nacional sea prestado por el Estado nacional, por el Estado provincial o empresas estatales creadas a tal efecto”.
Además, indicó que crea el régimen de tarifa social que se comenzará a aplicar desde el 1 de enero de 2019.
Al respecto, explicó que el proyecto determina que para aplicar el régimen el Gobierno deberá tener un criterio de inclusión en el beneficio, pero aclaró que para acceder a la tarifa social se tendrán en cuenta las siguientes variables: “Ser jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia, que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos veces el valor de la canasta básica total hogar tipo 1 Indec; ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el valor de la canasta básica Indec; ser titular de programas sociales y habitacionales provinciales, y otros; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio domestico; estar percibiendo el seguro de desempleo o aun expirado este no se registrase con alta laboral; ser titular de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur; contar con el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente; o ser beneficiarios de nuevas viviendas sociales o adjudicatarios as de vivienda única regularización en el marco de emergencia dictada por la legislatura o reconocido su situación de precariedad por el Poder Judicial.
El proyecto, remitido al gobernador Gustavo Bordet fue entregado en el marco de la jornada nacional de lucha en la que se reclama al gobierno nacional que reabra la paritaria, cese en los despidos y no toque los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En Entre Ríos habrá paro y asambleas en las unidades laborales.
En ese sentido, Muntes recordó que “se reclama a nivel nacional la reapertura de paritarias”, pero aclaró que en Entre Ríos “el gobierno ya inició la discusión, por lo que el reclamo está centrado en nación y las provincias donde las patronales se niegan a debatir la recomposición del salario ante la pérdida del poder adquisitivo”, que ya superó el 23 por ciento .
Además, se exige al gobierno nacional “que frene los despidos y reincorpore a los miles de trabajadores que perdieron sus empleos en el estado, como consecuencia de la tercera reforma del Estado en curso y sus efectos desbastadores para los estatales y, en particular, para gran parte de los argentinos”.