La justicia dispuso la libertad de cinco personas y la prisión preventiva de otra, tras su detención el lunes pasado, en la manifestación de estibadores de Concepción del Uruguay, que fue reprimida violentamente con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA, incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la provincia.
El Puerto de Concepción del Uruguay fue escenario este lunes de un episodio de represión policial contra trabajadores estibadores que reclamaban el reconocimiento de su organización sindical y la defensa del trabajo local. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó como saldo varios detenidos y heridos, en un operativo que se produjo en el marco de un conflicto laboral aún no resuelto.
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El pacifico pedido de respuestas fue encabezado por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Concepción del Uruguay -legalmente constituido y con autoridades recientemente electas- que denuncia a la empresa de capitales uruguayos Urcel SA por desconocer la legislación laboral argentina y extorsionar con amenazas directas a los trabajadores locales con personal de otras localidades en condiciones de explotación.
Qué sucedió
La causa se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo de la Albertina Chichi y se vincula a presuntas infracciones a los artículos 194 (entorpecimiento del transporte), 230 (desobediencia judicial) y 149 bis (coacciones) del Código Penal.
La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Ariel Díaz, quien resolvió la situación procesal de los seis imputados: David Sebastián Caraballo, Ramón Chiapella, Héctor Exequiel Barral, César Iván Cisneros, Maximiliano San Martín y Roberto Carlos Berni.
Medidas dispuestas
La audiencia judicial se realizó este jueves en la sede de Tribunales de Concepción del Uruguay. En la oportunidad, el magistrado dispuso la libertad de cinco de los imputados, con distintas condiciones:
Caraballo David Sebastián, Chiapella Ramón y Berni Roberto Carlos deberán presentarse en sede judicial cada 15 días y fijar domicilio en Concepción del Uruguay.
Cisneros César Iván y San Martín Maximiliano, oriundos de Bahía Blanca, deberán fijar domicilio en esa ciudad, presentarse cada 15 días ante la dependencia judicial correspondiente y tienen prohibido regresar a Concepción del Uruguay, salvo expresa disposición judicial.
En tanto, respecto de Héctor Exequiel Barral, domiciliado en Concepción del Uruguay, el juez valoró antecedentes penales, destacando que registra tres condenas efectivas previas, motivo por el cual se resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de 60 días.
La investigación continúa en el marco del proceso judicial en curso, mientras se analizan las responsabilidades individuales derivadas de los hechos ocurridos durante el conflicto portuario.
AIM, con información de Infocdelu