El Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos incorporó reglas de justicia penal juvenil restaurativa ante la próxima entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil. La medida busca priorizar alternativas a la privación de libertad y garantizar los derechos de adolescentes y víctimas.


La decisión fue adoptada por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, mediante la Resolución Nº 68/2026. A través de esa disposición, recomendó a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa aplicar las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa.


El nuevo régimen está establecido por la Ley 27.801 y alcanzará a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por delitos. La normativa establece como objetivos la responsabilización, la educación, la resocialización y la integración social.


Las pautas adoptadas por la Defensa Pública plantean que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y promueven mecanismos alternativos y complementarios a la judicialización. También contemplan la situación de las víctimas, sus familias y la comunidad involucrada en cada conflicto.


Un enfoque restaurativo
La resolución incorpora como marco el modelo de justicia restaurativa, que busca que el proceso penal no se limite a determinar una responsabilidad y aplicar una sanción, sino que también permita abordar las consecuencias del hecho y las posibilidades de reparación.


Las reglas iberoamericanas fueron aprobadas en 2022 por organismos y redes vinculados con la Justicia de la región. Entre sus criterios se encuentra la utilización de medidas alternativas a la prisión y la generación de condiciones que permitan a los adolescentes desarrollar proyectos de vida alejados de nuevos conflictos con la ley penal.


La Ley 27.801 también contempla distintas medidas y penas alternativas a la privación de libertad, entre ellas la reparación del daño, tareas comunitarias, programas educativos y de capacitación laboral, tratamientos de salud y monitoreo electrónico. La normativa establece además que las sanciones deben orientarse a la educación y la resocialización.


Desde la Defensa Pública señalaron que las reglas adoptadas deberán aplicarse desde el primer contacto con el sistema penal juvenil y durante las distintas etapas de intervención, tanto cuando los adolescentes sean imputados como cuando participen en calidad de víctimas o testigos.


La nueva normativa reemplazará el régimen establecido por la Ley 22.278 y establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes, con garantías propias y la intervención de funcionarios especializados en materia penal juvenil.