Por Fundación Barbechando, especial para AIM. Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (FDT-Buenos Aires), presentó un proyecto para condenar el “vandalismo rural”. Esta nueva tipificación legal, busca combatir al delito rural con penas de hasta 12 años de prisión. El proyecto podría abrir a la discrecionalidad para jueces y la policía frente a las aplicaciones de agroquímicos, fertilizantes y el tratamiento de desechos de procesos agroindustriales.
El proyecto, que también lleva la firma del diputado bonaerense del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez, “con el objetivo de frenar la destrucción del trabajo argentino” -como explica su impulsor- propone modificar el Código Penal para equiparar los ataques a delitos contra la propiedad privada y establecer condenas de dos hasta cinco años de prisión para quienes realicen destrozos a cosechas o silobolsas.
Si bien el proyecto fue calificado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y 38 entidades rurales como un “un claro avance institucional”, además de haberse destacado la importancia de que «los legisladores hayan abordado el tema con prontitud, hay quienes se preguntan la verdadera intencionalidad de dos artículos específicos que propone la iniciativa del diputado oficialista.
Esta modificación al artículo 184 bis sería correcta, ya que convierte en delito toda acción que afecte “el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de granos, cereales, semillas, ganado o de sus productos amontonados, leña, carbón, alfalfares o cultivos de forrajes, plantación de árboles o arbustos en explotación”.
Sin embargo, poco se habla de las reformas de los artículos 186 y 189, donde hay ambigüedad y una carente especificidad -sumamente necesaria en la ley– de qué acciones pueden llegar a considerarse delito.
En general, se menciona “incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago”. En este caso, las penas van de 10 a 12 años -en caso de haber peligro de vida-. Incluso, se habla de penas de hasta 25 años en caso de que se produzca la muerte de una o más personas -o de hasta 15 años- si el hecho se produjese por imprudencia o negligencia.
Especialistas alertaron que el término de «patógenos tóxicos», sin una debida aclaración del alcance, podría dejar abierta una «ventana» de mucha discrecionalidad para jueces y la policía frente a las aplicaciones de agroquímicos, fertilizantes y el tratamiento de desechos de procesos agroindustriales.
La oposición
El interbloque de Juntos por el Cambio fue el primer espacio político en advertir sobre la inseguridad rural. Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), exministro de Agricultura de Mauricio Macri y actual Diputado Nacional, impulso un proyecto para repudiar los hechos de vandalismo denunciados por productores agropecuarios.
“El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos. El Gobierno no ha dado aún ni con el origen ni con los culpables; y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia», manifestó el radical.
La Diputada Nacional Lucila Lehmann (CC ARI-Santa Fe), junto al diputado provincial Luciano Bugallo (CC ARI- Buenos Aires), destacó la previa denuncia penal en el orden federal que llevaron adelante desde la oposición. “Llama la atención que hayamos tenido que hacer una denuncia para que el gobierno se digne hablar por primera vez”, arremetió el referente agropecuario.
Alma Sapag (MPN-Neuquén), presentó un proyecto de resolución que, en primer lugar, alerta sobre las consecuencias de la inseguridad rural en lo que respecta al abigeato y la comercialización de esa carne faenada con un altísimo riesgo bromatológico.
También menciona otros hechos delictivos vinculados al vandalismo rural como el furtivismo, escasamente denunciado, los asesinatos a productores, los incendios que representan grandes pérdidas en pastizales y alambrados, además del robo de maquinarias, agroquímicos, viviendas rurales y parte de cosechas.
Por otro lado, Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) y Alejandro “Topo” Rodriguez (Consenso Federal-Buenos Aires), presentaron un proyecto de declaración que expresa repudio a los “ataques incendiarios a cultivos, robos de maquinarias, ganado, productos agrícolas, y demás actos vandálicos cometidos en perjuicio de cosechas, silos y tolvas”
La iniciativa también menciona el hecho de que la seguridad y la justicia son bienes y valores jurídicos por los que todo funcionario debe velar y que, cuando esto no acontece, “nos alejamos del progreso económico”
El vandalismo rural en números
Confederaciones Rurales Argentinas(CRA) alertó que, al 1 de julio, la inseguridad rural afecta a sus 16 confederaciones: 60 silobolsas fueron vandalizadas, lo que representa un daño a 5.700 toneladas de granos, con una pérdida del 15 por ciento del mismo por cada silobolsa rota.
Según el Censo Nacional Agropecuario del Indec (período 2017-2018), de las 250.881 explotaciones agropecuarias existentes en todo el país, 42.582 de ellas manifestaron haber sido víctimas de hechos de inseguridad, durante un año; y cuatro provincias concentran el 46 por ciento de los casos: Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.