La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Con la prórroga, el Ejecutivo mantendrá las facultades extraordinarias otorgadas a la Secretaría de Energía para continuar con la reorganización del mercado eléctrico.
La emergencia había sido declarada en diciembre de 2023 y ya había sido prorrogada durante 2024 y 2025. Ahora, el Ejecutivo resolvió extenderla por dos años más al argumentar que todavía existen deficiencias operativas, financieras y de infraestructura que impiden normalizar el funcionamiento del sistema.
Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que una parte importante del parque generador presenta un alto grado de antigüedad, que las redes de transporte continúan mostrando limitaciones y que numerosas obras consideradas estratégicas aún no fueron concluidas.
También advierte que más del 60 por ciento de las fallas registradas en las redes de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de servicio, lo que refleja -según el Ejecutivo- la necesidad de continuar con inversiones para modernizar la infraestructura.
Preocupación por la capacidad de respuesta
El decreto también pone el foco en la capacidad del sistema para responder a los picos de consumo.
Como ejemplo, menciona que durante la máxima demanda registrada en febrero de 2025 el margen de reserva fue de apenas el 4,4 por ciento, un nivel que el Gobierno considera insuficiente para afrontar contingencias sin afectar el suministro eléctrico.
Según el texto oficial, mantener la emergencia permitirá acelerar medidas regulatorias y operativas destinadas a reducir ese nivel de vulnerabilidad.
Subsidios y tarifas
Otro de los ejes de la prórroga está vinculado con la política tarifaria.
El Ejecutivo sostiene que aún debe consolidarse el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y continuar con la implementación del nuevo esquema de subsidios focalizados, con el objetivo de reducir gradualmente la asistencia estatal generalizada.
Además, el Gobierno destacó la mejora registrada en la cadena de pagos del sector. De acuerdo con datos oficiales, la cobrabilidad administrada por CAMMESA pasó de alrededor del 48 por ciento en diciembre de 2023 a cerca del 97 por ciento tras las recomposiciones tarifarias y los mecanismos implementados para regularizar las deudas.
Críticas por la extensión de la emergencia
La decisión vuelve a abrir el debate sobre el uso prolongado de regímenes de emergencia por parte del Poder Ejecutivo.
Si bien el Gobierno argumenta que la medida resulta indispensable para garantizar el abastecimiento energético y avanzar con la recuperación del sistema, distintos sectores cuestionan que, a casi cuatro años del inicio de la gestión libertaria, continúe apelándose a facultades excepcionales para administrar uno de los servicios públicos más sensibles del país.
La prórroga también coincide con la continuidad del proceso de actualización tarifaria y de reducción de subsidios, medidas que impactan directamente sobre los usuarios residenciales, comercios e industrias.
Vigencia inmediata
El DNU establece que la emergencia eléctrica permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, en línea con el plazo fijado para la emergencia del sector del gas natural.
Con esta decisión, el Gobierno busca mantener las herramientas regulatorias necesarias para avanzar con las reformas del mercado energético, aunque la extensión del régimen excepcional promete volver a instalar el debate sobre el estado de la infraestructura eléctrica y el rumbo de la política energética nacional.