Greenpeace y comunidades wichí de la zona de Tartagal denunciaron el desmonte de más de 3.300 hectáreas de monte nativo en tres fincas ubicadas sobre la ruta nacional 86 y reclamaron información al Gobierno de Salta sobre las autorizaciones otorgadas.
Según un análisis de imágenes satelitales citado por la organización, entre el 7 de julio y el 23 de septiembre de 2026 se perdieron unas 1.300 hectáreas de bosque en la zona de Tonono. En el mismo período, la superficie desmontada en las tres fincas denunciadas superó las 3.300 hectáreas.
Greenpeace identificó los desmontes en las fincas Tonono, Alcoba y Caraguatá, pertenecientes a distintos propietarios y empresas agropecuarias.
La organización, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas presentaron pedidos de informes para conocer los permisos concedidos. Según los denunciantes, hasta el momento no recibieron respuesta de la Secretaría de Ambiente provincial.
Los reclamos involucran a diez comunidades wichí que utilizan esos territorios para actividades de subsistencia y prácticas culturales.
Entre los impactos denunciados figuran la destrucción de plantas de chaguar, utilizadas para tejidos tradicionales, además de panales, nidos y otros recursos del monte.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada próxima a las viviendas podría aislar el cementerio comunitario. En Arenales, los pobladores enfrentan además dificultades para acceder a agua potable y deben trasladarla desde unos 40 kilómetros.
Greenpeace señaló que algunas familias habrían recibido propuestas para ceder sectores de monte a cambio de la perforación de pozos de agua, una denuncia que requiere corroboración por parte de las autoridades competentes.
La organización sostiene que el caso se inscribe en una tendencia más amplia de pérdida de bosque nativo. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron 714.052 hectáreas en Salta.
Un relevamiento satelital de la entidad estimó además que durante el primer semestre de 2026 se perdieron 11.960 hectáreas de bosque en la provincia, aproximadamente el doble que en el mismo período de 2025.
Greenpeace también cuestiona los cambios propuestos en las políticas de protección de bosques y reclama una aplicación estricta de la Ley nacional 26.331, que establece categorías de conservación y restricciones para el desmonte de áreas de mayor valor ambiental.
Las comunidades wichí y las organizaciones que acompañan el reclamo exigen conocer quién autorizó los trabajos, detener los desmontes cuestionados y garantizar la protección de los territorios de los que dependen para su subsistencia y su vida comunitaria.
Fuentes: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo y Greenpeace Argentina